El temor a la seguridad

Por Mauro Federico

Por Mauro Federico


Un grupo de policías bonaerenses fueron utilizados políticamente por la presidenta del principal partido opositor para mostrar una supuesta adhesión de los uniformados al macrismo, que no era tal. Algunos integrantes del oficialismo terminaron siendo funcionales a la operación diseñada para mostrar la “debilidad” del Gobierno a la hora de controlar a los efectivos. El telón de fondo de este paso de comedia veraniego es la falta de una planificación que contenga las demandas de esa clase media cada día más preocupada por el incremento de la violencia urbana y el delito. De la manu militari de Bullrich a la bipolaridad del Frente de Todos, con dos modelos conceptualmente antagónicos encarnados por los ministros Frederic y Berni. ¿Por qué el peronismo le tiene tanto miedo a la seguridad? ¿Cómo incide en los sectores medios esta indecisión gubernamental para poner en funcionamiento una política de seguridad? ¿Cuál es la opinión de esa franja de la sociedad que se queja de los crímenes y define elecciones? Pasen y lean. 

El Peronismo y la Policía Federal nacieron prácticamente juntos. Fue durante el breve período en el que gobernó de facto el general Pedro Ramírez, unos de los integrantes del Grupo de Oficiales Unidos (GOU) que derrocaron a Ramón Castillo. En ese gabinete conformado mayoritariamente por militares, comenzaba a mostrar sus mañas para seducir a los trabajadores el coronel Juan Domingo Perón.

Seis meses después de aquel golpe, Ramírez dispuso en la navidad de 1943 la ampliación de la Policía de la Capital, dándole una nueva estructura y creando así la Federal, a la que le dio jerarquía institucional, estructura administrativa, presupuesto y personal especialmente formado. Con la llegada de Perón al gobierno, en 1946, la fuerza de seguridad cobró relevancia y se transformó en uno de los brazos ejecutores de las políticas de seguridad del justicialismo.

Eugenio Raúl Zaffaroni y Miguel Alfredo Arnedo, en un muy valioso trabajo de reconstrucción histórica de nuestro sistema penal explican que aquel justicialismo “protagonizó un cambio profundo en la realidad nacional, al impulsar un desarrollo industrial acelerado con la implementación de una suerte de Estado de bienestar con características propias, que produjo un rápido fenómeno de concentración urbana atrayendo a gran cantidad de personas de las provincias, especialmente de las que habían quedado más atrasadas en el proceso de concentración del poder en el litoral”.

Esta concentración, lógicamente, generó un incremento de la criminalidad común y, por consiguiente, requirió de una respuesta del Estado. Por eso, además de una férrea política penitenciaria a la que se le dedicaron importantes esfuerzos humanos y presupuestarios, hubo otro elemento prioritario en la política de seguridad del primer peronismo: el control social punitivo. Zaffaroni y Arnedo enfatizan que este control “no pasaba por las leyes penales mismas”, sino por el accionar policial.

El gobierno “debió enfrentar la concentración urbana y lo hizo en parte apelando a cierto grado de autoritarismo policial. Cabe observar que este autoritarismo no puede compararse con el que se vivió en épocas posteriores ni tampoco con el alcanzado en los años treinta”.

Y, enseguida, epilogan su descripción expresando que “el justicialismo debió controlar un momento de concentración urbana que, como todos los de esa naturaleza, son difíciles. Los nuevos habitantes de la ciudad eran rechazados por los hijos y nietos de inmigrantes ya asentados, surgiendo a la luz una cuestión racista no bien resuelta en el país. El proceso tenía lugar en momentos de pleno empleo, lo que facilitaba las cosas, pero también generaba otros peligros, que se prefirió controlar con paternalismo policial”.

Todos conocemos la historia. El peronismo fue derrocado tras casi una década de transformaciones políticas, sociales y económicas por un nuevo golpe que colocó al frente del Estado a otra dictadura militar que persiguió a sangre y fuego a todo lo que oliera a justicialista. Y para ello utilizó todo el aparato represivo gubernamental incluidas —por supuesto— las fuerzas de seguridad.

Dieciocho años después Perón regresó a la Argentina. Y lejos del rencor, supo valorar el rol de las policías, proponiendo una política de mejoramiento de las condiciones laborales de sus efectivos. “La Policía, pobre, ha pasado las de Caín, yendo para un lado y para otro. Todo eso ha perjudicado mucho la disciplina y el orden. Está muy mal paga, es una policía pobre que está con sueldos de hambre. Debe estar bien paga porque se trata de hombres que arriesgan su vida y la vida no se vende barata en ningún lado. Entonces a esa gente hay que pagarles bien, exigirles, y verá usted como el organismo comienza a funcionar”, indicó el General en una entrevista televisiva brindada a Canal 13, el 3 de septiembre de 1973.

Tras su muerte, sectores de esas mismas policías a las que Perón tanto había defendido se pusieron a las órdenes del siniestro ministro de Bienestar Social del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón y constituyeron el primer eslabón represivo de lo que, luego del Golpe de 1976, se transformaría en el más abominable aparato genocida de la historia argentina, secuestrando, torturando, asesinando y desapareciendo a miles de personas, muchos de ellos militantes de la Tendencia peronista.

Ninguno de los gobiernos democráticos que sucedieron al Proceso militar logró encolumnar a las fuerzas policiales en pos de una política de seguridad que satisfaga al conjunto de la sociedad. Particularmente las administraciones peronistas parecen haber perdido aquel ADN que caracterizó al fundador del Movimiento y cuentan entre sus filas con teóricos del derecho y la sociología que proponen una mirada menos punitivista.

Hoy, ese contraste se cristaliza con mucha claridad en dos figuras con pensamiento y praxis bien antagónicos dentro del siempre heterogéneo oficialismo. Ambos ocupan el mismo cargo, una a nivel nacional, el otro en el principal distrito de la Argentina. Se trata de Sabina Frederic, ministria de Seguridad de Alberto Fernández y Sergio Berni, titular de la misma cartera en la administración de Axel Kicillof.

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La clase media y la seguridad

Coronavirus, vacuna, pandemia económica, todos esos temas han concentrado la atención del Gobierno durante su primer año de gestión, con un balance que no habilita los festejos, pero tampoco anula la esperanza. Sin embargo, si el oficialismo aspira a mantener una performance digna en las próximas elecciones y lograr una mayoría parlamentaria que le facilite le ejecución de sus iniciativas en el Congreso, deberá poner la mirada sobre las preocupaciones de una clase media que suele desequilibrar la balanza hacia uno u otro lado.

Y para ello es muy acertado reparar en los muy buenos trabajos de análisis efectuados por los especialistas. Un pormenorizado estudio cuali-cuantitativo realizado durante la primera semana de este año por el Grupo Opinión Pública, que coordina Raúl Timerman y la consultora Trespuntozero, a cargo de la investigadora Shila Vilker, arroja resultados más que interesantes al respecto de qué tipo de seguridad reclama la clase media argentina.

“El trabajo cualitativo sobre la clase media se realizó en base a cuatro Grupos focales realizados entre el 4 y 5 de enero del 2021, integrado por jóvenes de 18 a 35 años que votaron al Frente de Todos, pero sin tratarse de militantes; otro grupo de adultos de 36 o más años, votantes del FdT; un tercer grupo de adultos de 36 o más años integrantes de los denominados votos blandos de JxC; y por último un grupo de jóvenes de 18 a 35 años JxC blandos”, explicó Timerman.

Las preguntas fueron directas. ¿Cuán grave considera que es el problema de la inseguridad en el país? Nueve de cada diez consultados la consideraron como “Grave” o “Muy grave”. Entre los relatos en primera persona sobre episodios de inseguridad sufridos y las actitudes que le reclaman al Estado, varios dejaron testimonios muy representativos:

“Les daría materiales a la policía y gendarmería, educación para que baje la delincuencia, un plan para los chicos, no te digo una Colimba pero si no trabajan que el Estado los ayude con una profesión”, dijo un joven votante de la fórmula de los Fernández.

“Cuando salgo a la calle y voy caminando viene una moto y me da miedo. También le pongo rejas a la casa, los cosos a las medianeras. No me pasó nada pero esos son los miedos, entrar el auto al garage, los horarios, que entren a mi casa”, expresó un joven que votó a Macri.

“Siento que te pueden arruinar la vida, por ahí no te mataron pero te pegaron un tiro en la columna, te arruinan la vida, o mataron a tu hijo, a tu mujer. Al chorro le chupo un huevo, hizo dos cuadras y mató a otra persona y eso es lo que valemos hoy por hoy. No hace falta ni salir a bailar en pollera cortita, es a cualquier hora, cualquier momento”, aportó otro votante macrista, de más de 36 años.

“Cambiaría leyes, que los menores cumplan condenas si matan a alguien, las cámaras a veces sirven, capacitaría más a la policía. Pondría más dinero en su resguardo, mejores móviles. El partido de Tigre ven, interceptan robos”, completó otro adulto que voto al Frente de Todos. 

Del resultado de los FOCUS GROUP, se desprende que “la demanda de medidas duras para contener la inseguridad es compartida por los perfiles de ambas afinidades políticas, la única diferencia es que los votantes de JXC lo exigen sin tapujos mientras que a los votantes del FDT lo admiten con cierta vergüenza”, sostiene el informe al que #PuenteAereo accedió en exclusivo.

Berni aparece espontáneamente como el político que está trabajando por la inseguridad. Entra perfecto en este escenario porque se lo percibe duro, luchador y que no le tiembla el pulso para tomar medidas “mal vistas”.

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¿Cuán grave considera que es el problema de la inseguridad en el país?

  • El 90,5% muy o bastante
  • El 67,4 % piensa que la inseguridad ha aumentado en el último semestre 
  • Sin embargo, apenas un 35% admite haber sufrido algún hecho de inseguridad 

Respecto al compromiso que perciben por parte del gobierno de Alberto Fernández con el tema de la seguridad, casi el 75% considera que está poco o nada comprometido, contra apenas un 22,4% que opina lo contrario.

A la hora de la comparación de estilos entre Frederic y Berni, la encuesta es contundente: el 33,1% sostiene que Berni trabaja más contra la inseguridad, mientras que apenas el 6,8 % apoya a la titular de la cartera nacional

El estudio efectúa una evaluación y encuadre de Sergio Berni. Lo primero que apunta es que se registra su presencia en “la agenda”. En este escenario de inseguridad en aumento, el “Berni style” (a lo Rambo que se carga al hombro la lucha contra el delito) garpa. Se produce un ejercicio comparativo automático donde la lectura es: Frederic defiende chorros, Berni los persigue.

Aunque tribunero y showman en exceso, Berni está presente y “le pone el pecho a las balas”. Se lo ve trabajando en los cimientos, aunque los resultados por ahora no se vean. ¿Ambiciones? Gobernar la provincia de Buenos Aires¿Mano dura o mano blanda? Otra de las preguntas recurrentes que se formulan todos los analistas de opinión. En este caso, el trabajo de Timerman/Vilker no hace otra cosa que ponerle números a la percepción general: para el 68,8% la inseguridad se soluciona tomando las medidas de mano dura que sean necesarias; mientras que apenas el 18,3% afirma que la inseguridad es un problema social que no se resuelve con medidas de castigo.

Casi el setenta por ciento de los consultados sostienen que lo mejor para combatir la inseguridad sería subir las penas de prisión efectiva para los delincuentes. Un 63,7% entiende que una buena medida sería bajar la edad de imputabilidad; el 60,9% piensa que el modo es profundizar la lucha contra el narcotráfico; el 59% reclama más capacitación a los policías; un 57,4% pide más operativos en zonas calientes; un 56,2% mayor presencia de policías en las calles; y un 53,3% entiende que el uso de las pistolas teasers para los policías sería un factor importante para el descenso del delito. ♣♣♣

#PA.

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