El poder de las tinieblas

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Por Mauro Federico


En su primera semana de gobierno, Alberto Fernández anunció que pondrá proa contra la Argentina de las catacumbas. La mira presidencial apuntó a dos sectores que habitan los subsuelos hediondos de la Patria: el espionaje vernáculo y el “sobreperiodismo” encubierto. Y no dejó afuera a los operadores judiciales y mediáticos que transforman en procesamientos y detenciones arbitrarias, la acumulación de indicios manipulados bajo presión de una opinión pública condicionada. Ventajas y riesgos de un plan que deberá precisar objetivos para evitar las represalias de los “oscuros” y, a la vez, no cometer el error de atacar al que piensa distinto o a los que realmente investigan al poder. Pasen y lean.

En el Informe sobre ciegos, Ernesto Sábato fantasea con un antiguo complot milenario, regido desde una supuesta Santa Sede de los no videntes, con domicilio en los túneles oscuros de la ciudad, desde la cual se tejen los siniestros hilos que gobiernan el sentido del mundo y de los hombres. Según su autor en la ficción, el obsesivo y canallesco Fernando Vidal Olmos, el descenso a su particular Sigfrido de las tinieblas, remite por momentos a las grandes tragedias de la antigua Grecia y encierra pasajes verdaderamente escalofriantes que desvelan los instintos más zafios del género humano.

A lo largo de todo el Informe –imaginado como apéndice de Sobre héroes y tumbas– el magistral escritor oriundo de Santos Lugares recrea una gran metáfora de otra cosa, acaso más profunda y misteriosa, anidada en nuestros propios temores subterráneos inherentes a la humanidad de la que somos partícipes: la soledad del hombre ante la muerte, el misterio de la existencia y el problema del bien y del mal. Es en esta dualidad donde se debate el protagonista, y desde la cual nos arroja, arrebatado por la locura aunque con método y rigor científicos, su informe pesadillesco.

Aquella descripción literaria, producto de la prolífica imaginación y creatividad de un virtuoso de la escritura, bien pudo haber incluido alguno de los relatos emanados de las crónicas que describen el manejo subterráneo y putrefacto de los servicios de inteligencia vernáculos y sus conexiones espurias con cierto sector de la Justicia y del periodismo. Reconocer la existencia de esos laberintos del poder y proponer una estrategia para controlar sus perniciosos efectos sobre la sociedad, son tareas que ha decidido encarar el flamante presidente de la Argentina.

La causa que instruye el juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplificó las sospechas acerca de este tipo de prácticas y les puso rostro, nombre y apellido a los Maxwell Smart de cabotaje, responsables de algunas de las operaciones desnudadas por la investigación, donde abundan los operadores judiciales y mediáticos, con llegada a la Justicia Federal, siempre presta a participar de este tipo de maniobras poco transparentes.

La suspensión de los fondos reservados para los espías y el fin de la pauta publicitaria estatal destinada a financiar proyectos individuales de periodistas, fueron dos misiles que Alberto Fernández disparó ni bien asumió funciones ante la Asamblea Legislativa. Ambos objetivos tienen un por qué. La relación entre el concepto de “inteligencia” que han tenido los sucesivos gobiernos argentinos y los recursos vertidos por el Estado para financiar proyectos pseudo periodísticos no es nueva. Las sospechas acerca de “sobres” para periodistas rodearon a la ex SIDE, desde los tiempos de Menem y hasta la gestión saliente de Mauricio Macri. En la superficie de esos acuerdos ocultos -siempre negados por ambas partes, pero no por ello inexistentes- todos los presidentes recurrieron al reparto discrecional de la publicidad oficial como una forma más sofisticada y arbitraria de definir premios y castigos, sin contemplar aspectos tales como el rating, la circulación, o –incluso- el apego a una política pública basada en la decisión de apoyar el desarrollo de medios pequeños e independientes.

Hace algunos años la consultora CIO, a pedido del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), realizó un relevamiento entre mil periodistas que arrojó un resultado sorprendente: nueve de cada diez consultados admitió conocer conductas antiéticas de sus colegas. “Esa misma encuesta detectó un problema subyacente: los periodistas cobraban salarios paupérrimos que obligaban a la mitad de los encuestados a tener un segundo empleo. En ciertos casos porque las empresas periodísticas no podían pagar mejores salarios; y en otros casos, porque padecían un fenómeno que en el oficio se conoce como la tercerización de los salarios. Es decir, que la empresa X paga bajos salarios y mira para otro lado mientras el empleado, chapeando con que trabaja para X, pasa la gorra entre políticos, empresas o, en el caso de la sección Deportes, técnicos, dirigentes y representantes de jugadores de fútbol”, describe Hugo Alconada Mon en su libro La Raíz (de todos los males).

Si nos tomamos el trabajo de observar de qué forma y a qué periodistas se benefició con este mecanismo desde las arcas del Estado a lo largo de la última década, encontraremos nombres diferentes según el período de gobierno auditado, algo que resulta previsible. Los que se destacan durante los años de gobierno kirchnerista, brillan por su ausencia en la gestión Cambiemos. Y viceversa. Lo curioso es que justamente en la semana que Fernández explicó su idea de cercenar los fondos para aquellos reputados colegas que facturan desde estructuras unipersonales, la consultora Poliarquía dio a conocer su tradicional encuesta anual a formadores de la opinión pública en la que varios de estos nombres aparecen entre los diez periodistas más respetados de la Argentina.

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El fin del MTP (movimiento todos por la pauta)

Según relató el presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa el pasado 10 de diciembre, durante los cuatro años de administración macrista se distribuyeron nueve mil millones de pesos en pauta del Estado Nacional. ¿Mucho? ¿Poco? Evidentemente lo cuantitativo no es lo trascendental, sino la discrecionalidad de ese reparto y el efecto que esa distribución de fondos pudo haber tenido en la versión de la realidad construida por esos formadores de opinión beneficiados con fondos públicos.

El reparto de publicidad oficial en una sociedad democrática no debería ser leído necesariamente como el mecanismo de un gobierno para comprar el silencio cómplice o la buena voluntad del medio o del periodista. El ejercicio del periodismo –como cualquier otra actividad- requiere de financiamiento y suponer que aquellos que reciben recursos por parte de empresas privadas o administraciones públicas se transforman automáticamente en voceros de lo que sus clientes les demandan, es un error. Los contenidos de un medio y su línea editorial debería tener como único condicionamiento la rigurosidad en la búsqueda de la información y la ética profesional. Y esos postulados éticos deberían regir también para los funcionarios o empresarios que deciden invertir publicitariamente en esos medios.

Pero no vivimos en una sociedad ideal. Y la utopía, parafraseando a Eduardo Galeano, sólo sirve para caminar hacia ella, nunca para ser alcanzada. Hay periodistas que se transforman en voceros de sus patrocinadores y terminan adaptando sus contenidos a las necesidades de sus “clientes”. Pueden tergiversar la realidad, contradecir los datos evidentes de una investigación o transformarse en los más acérrimos críticos del adversario de quien les paga. Si bien estas prácticas existieron siempre, en la actualidad hay públicos estratificados que creen solamente en lo que afirman sus referentes y denostan absolutamente todo lo que provenga de la otra vereda de la grieta, por lo cual el fomento de estos mercenarios “a pauta” resulta funcional al manejo de la opinión pública.

Para algunos analistas, el planteo de Fernández puede pecar de ingenuo. Pero el actual presidente es uno de los hombres que más conoce los resortes del Estado y tiene muy claro el terreno de negociación con el universo mediático. Por lo tanto es mucho más probable que se trate de una jugada arriesgada, antes que una movida inocente y carente de estrategia. Negociar con estos poderes fácticos que tienen capacidad de daño acumulada en virtud de los dineros reservados que manejan o de la pauta que se les garantiza por la presión extorsiva que ejercen, puede resultar peligroso. Confrontarlos de manera directa, también. Basta recordar el episodio que le costó la renuncia y el exilio político al hoy repatriado Gustavo Beliz, por denunciar al por entonces desconocido jefe de contrainteligencia de la SIDE Antonio “Jaime” Stiusso. Justamente la presencia de Beliz en el actual Gabinete, asumiendo un rol fundamental en el diseño de los planteos tácticos, alienta la esperanza de no tropezar con la misma piedra.

Como sea, ambos anuncios presidenciales configuran un acto de fortalecimiento institucional que no registra antecedentes. Aunque pueda parecer inoportuna la batalla, la historia se construye en base a decisiones que conllevan riesgos.   ♣♣♣

#PA.

Domingo 15 de diciembre de 2019.
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