El capitán Beto afina un modelo de seguridad a su medida

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Por Mauro Federico


Gracias a un supuesto “acto fallido” del presidente electo, los usuarios madrugadores de la red social del pajarito se “enteraron” que el massista Diego Gorgal no será –tal como se venía afirmando– el ministro de Seguridad del próximo gobierno. Más allá del nombre de quien se hará cargo del sillón de Patricia Bullrich, la nueva gestión debe definir con claridad el concepto que regirá el accionar de una cartera tan caliente como inestable. El desafío será lograr una policía profesional y proactiva que base su trabajo en la inteligencia criminal y pueda reemplazar al ejército de guardianes de la recaudación ilegal que controlan hoy las calles de la Argentina. La interna entre Federales y Bonaerenses y la corrupción enquistada en el corazón del sistema policial son las preocupaciones principales de las autoridades electas, que se aprestan a asumir dentro de nueve días, luego de una transición interminable. Pasen y lean.

El ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani se hizo conocido por haber aplicado en el distrito la teoría de las “ventanas rotas” para reducir el delito. Esta teoría postula que las manifestaciones de desorden público, como la oferta sexual callejera, la mendicidad, el graffiti y la presencia de personas durmiendo en la calle, son caldo de cultivo para la criminalidad. “La tolerancia frente a este tipo de actividades envía a los delincuentes el mensaje de que nadie se preocupa por mantener el orden en el entorno y que, por lo tanto, tienen vía libre para cometer delitos graves, ya que nadie ejerce la autoridad”, sostenía por entonces el hoy asesor de la administración de Donald Trump. “Una ventana rota que no se repara, produce más ventanas rotas, por lo que es imprescindible que la policía controle de manera inflexible el desorden público para evitar el incremento de la delincuencia”, completaba Giuliani.

Bajo su mandato, la Policía de Nueva York concentró sus esfuerzos en mantener el orden público mediante un enfoque de “tolerancia cero”, persiguiendo faltas menores y ejerciendo duros controles en los espacios públicos. La Policía incrementó su margen de discrecionalidad a la hora de hacer detenciones y arrestos, y concentró su trabajo en territorios con altos niveles de vulnerabilidad social. Al poco tiempo, la ciudad que nunca duerme redujo sensiblemente el número de delitos, lo cual fue asociado al régimen impulsado por el alcalde de hierro. Sin embargo, quienes estudiaron bien el fenómeno llegaron a la conclusión de que la reducción estadística del delito responde al fenómeno conocido como “regresión de la media”, que sostiene que una variable con valores atípicamente altos en determinado momento tenderá a reducir su valor en el futuro, acercándose a valores promedio. Y esto fue lo que ocurrió efectivamente en Nueva York, donde inexorablemente las cifras se iban a terminar acomodando independientemente de la aplicación de la doctrina de tolerancia cero. Además, según coinciden varios teóricos, durante la década de actuación de esta política (los noventa) hubo factores demográficos y económicos de gran escala que incidieron en esta tendencia global a lo largo y a lo ancho de toda la Norteamérica anglosajona.

Para el antropólogo Federico del Castillo, magíster en Criminología de la City University of New York, “el aumento de la discrecionalidad policial para efectuar arrestos por desorden público tuvo consecuencias muy negativas para cientos de miles de jóvenes negros y latinos que sufrieron detenciones y arrestos por dormir en la vía pública, por juntarse con sus amigos en una esquina, por llevar un porro en su bolsillo, incluso por ocupar dos asientos en el subte. El resultado de ello fue una masiva criminalización de la pobreza –concentrada por entonces en barrios neoyorquinos de minorías raciales y étnicas– y la consiguiente erosión de las relaciones de la policía con estas comunidades”.

La discusión en nuestro país siempre terminó siendo rehén de un debate estéril entre los pro “tolerancia cero” y los “garantistas” que solo condujo al Estado a la implementación de políticas carentes de convicción y efectividad. Esa falsa dicotomía dejó de lado la principal herramienta de cualquier plan de seguridad: una policía profesional y proactiva, que incorpore los avances en materia de análisis criminal e innovación tecnológica registrados en los últimos años a un trabajo de prevención del delito de base comunitaria, todo en un marco de respeto a los derechos humanos y protección de las libertades individuales. En otras palabras, una policía inteligente y analítica, volcada a la prevención del delito y las violencias, comprometida con la participación civil en asuntos de seguridad y apegada a las leyes.

Desde que ganó las elecciones, Alberto Fernández trabaja en el armado de un gabinete integrado por los funcionarios más idóneos para cada uno de los espacios a ocupar pero que, a la vez, contemple los necesarios equilibrios de las fuerzas que integran el Frente de Todos. Hasta fines de esta semana el área de Seguridad parecía haber quedado en manos de un especialista “Giuliani friendly” sugerido por el líder de los “renovadores”: Diego Gorgal, coautor del libro Mano justa, junto a Germán Garavano y Eugenio Burzaco, actual segundo de Bullrich. Sin embargo –y aunque oficialmente todos los nombres del futuro gabinete recién se conocerán el 6 de diciembre– el jueves pasado el presidente electo escribió un tuit que supuestamente tenía destino de DM (mensaje directo, privado, que después borró) en el que descartó que Gorgal sea el elegido para ese cargo.

De este modo, volvieron las especulaciones en torno a la posibilidad de retomar la idea expresada por Gustavo Béliz, quien pregona eliminar la cartera de Seguridad y crear un Consejo, con validación del Congreso, que tenga rango ministerial. Pero también surgió otra candidata que, a diferencia de Gorgal, representa la antítesis de la imagen de Bullrich: Sabina Frederic, una investigadora del Conicet, muy crítica de la doctrina Chocobar y con varios trabajos publicados sobre el rol de las policías y las Fuerzas Armadas. Además de haber trabajado en el área de Formación del ministerio de Defensa en tiempos de Nilda Garré, Frederic coordinó el capítulo Seguridad de los equipos técnicos del Frente de Todos (FdT), lugar al que llegó de la mano de Santiago Cafiero, con quien se vinculó desde el grupo de intelectuales Agenta Argentina.

¿Habrá pragmatismo a la hora de elegir al responsable de este ministerio o, por el contrario, se impondrá el criterio de quien la tenga más larga? “Gorgal es Massa y a Cristina no le cae para nada bien que Sergio tenga la potestad de cubrir ese casillero tan estratégico para marcar un lineamiento ideológico de la gestión”, afirmó a #PuenteAereo un dirigente con llegada a los despachos del Instituto Patria.

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Kicillof contra los carnívoros

Un cuarto de siglo antes que Giuliani echara a andar su máquina de humo, otro alcalde de Nueva York, John V. Lindsay, nombró al juez federal Whitman Knapp como jefe de una comisión de cinco miembros para investigar la corrupción en el Departamento de Policía de Nueva York, que más tarde sería conocida con el nombre de la Comisión Knapp. La investigación se inició a raíz de las revelaciones de dos agentes de policía, el patrullero Frank Serpico, y el sargento David Durk. El Informe identificó dos clases particulares de agentes corruptos, a los que denominó “herbívoros” (aquellos que aceptan prebendas y solicitan circunstancialmente pequeños montos de dinero a los contratistas, operadores de grúa o jugadores) y “carnívoros” (agentes que emplean mucho tiempo en la búsqueda agresiva de situaciones para obtener un beneficio económico como el acoso a prostitutas o el tráfico de drogas). 

En la provincia de Buenos Aires, el flamante jefe de Estado electo debe enfrentar el enorme problema que representa conducir a una fuerza ingobernable, con permanente actitud insurreccional y atravesada por la corrupción. Una de las áreas más sensibles es la Dirección General de Asuntos Internos, que tiene por objeto investigar y separar a los malos policías de la gestión, denunciándolos ante la justicia por incumplir con sus deberes de funcionarios públicos. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, ese cargo lo ocupó Guillermo Berra, un joven abogado moronense, muy cercano a la mandataria, que enfrentó –aún a riesgo de su propia vida– los vestigios de aquella tristemente célebre Maldita Policía de la gestión de Eduardo Duhalde enquistados en el corazón de la fuerza y con fuertes tentáculos en el poder político y judicial.

El abnegado trabajo de Berra y su equipo puso bajo la lupa el accionar de 36.641 policías bonaerenses, que fueron sumariados entre 2015 y 2019 (algo más de un tercio del total de efectivos), de los cuales 13.323 fueron definitivamente echados de la fuerza y 967 fueron detenidos por orden judicial. Un dato para nada insignificante: más de 2.000 de estos agentes tienen sumarios iniciados por enriquecimiento ilícito ya que con sus ingresos declarados no pueden justificar la forma de vida que ostentan.

Al igual que ocurrió durante la gestión de León Carlos Arslanian (otro ministro que fue a fondo contra las mafias policiales y encaró una depuración a fondo de la fuerza), en las postrimerías de su administración Berra ha sufrido el embate judicial de estos malos policías exonerados, con el patrocinio de estudios jurídicos históricamente funcionales a los intereses de estos cantones de corrupción. La contraofensiva tiene lugar durante la transición de gobierno y justo cuando Axel Kicillof está definiendo su estrategia y los nombres para el área de Seguridad.

En esta oportunidad, la punta de lanza de la estrategia para embarrar la cancha la encarna el exonerado comisario general Néstor Martín, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero, quien presentó una denuncia contra Berra por abuso de autoridad, violación de secretos y espionaje ilegal, que afectaría no solo a efectivos y sus familiares, sino incluso a civiles. Martín no es un policía común y corriente. Según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene 101 propiedades inmuebles, un helicóptero, caballos de carrera, acciones en una concesionaria de autos y participación en pases de jugadores de fútbol. Según su abogado, Fabían Améndola –integrante del Estudio que encabeza Fernando Burlando– “la justicia está efectuando un peritaje contable que confirmará su correcta evolución patrimonial”. 

La estrategia defensiva de Martín se basa en acusar a Berra de una persecución basada en un proceder ilegal por parte de la División de Asuntos Internos durante la investigación. “Claramente procuran desgastarlo a Guillermo basándose en documentos que fueron presentados de modo recortado, con el fin de mostrar una realidad que no es tal, material que fue presentado en tribunales como un serie de fotocopias que les llegaron de manos anónimas y por debajo de la puerta del estudio, algo tan burdo que sorprende e indigna”, afirmó una fuente ligada a la defensa del funcionario denunciado.

Los “carnívoros” siguen al acecho. Kicillof tendrá que prepararse para enfrentarlos y, para hacerlo, no puede pensar en funcionarios amantes del “veganismo”, sino en cuadros experimentados, que puedan esquivar las dentelladas y contraatacar golpeando donde más les duele. Si Axel no logra gobernar a la Bonaerense, será rehén de sus designios. Y los bonaerenses sabemos lo que eso significa.   ♣♣♣

#PA.

Domingo 1 de diciembre de 2019.
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