Dédalo tenía razón

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Por Mauro Federico


El gobierno elabora un proyecto para el abordaje integral de la problemática en torno a las llamadas “drogas ilícitas”. Propone una convocatoria amplia, tiene convicción sobre la necesidad de cambiar el paradigma vigente desde hace cuatro décadas y cuenta con funcionarios dispuestos a escuchar a todos los sectores. Pero el tema no es sencillo. Miles de “familias adictas” sin la debida contención asistencial, juzgados federales atestados de causas por tenencia para consumo personal y un millonario negocio ilegal perpetrado por organizaciones criminales que operan con la complicidad de las fuerzas de seguridad, son parte de la complejidad del laberinto al que se enfrenta el Estado. Amalgamar los matices de los modelos en debate, comprender la necesidad de terminar con el estigma de la “drogadependencia” y reconocer que el abordaje requiere de una estrategia multidimensional, es el gran desafío de las nuevas autoridades y de una sociedad que deberá involucrarse para que sus demandas sean tenidas en cuenta. Pasen y lean.   

“Cuando el camino se hace confuso y los astrolabios apuntan a muros inexpugnables, es necesario buscar la salida poniendo la mirada en el cielo”. Los antiguos griegos conocían y el poeta romano Ovidio escribió –en clave mitológica– la “historia” de Dédalo, un prestigioso arquitecto, inventor y escultor, muy respetado en su ciudad natal de Atenas. Más allá de sus virtudes y su ingenio, el hombre era vanidoso y celoso y el principal inspirador de esos sentimientos sombríos era su sobrino y aprendiz, Talus, un joven prometedor destinado a ser su sucesor. En un momento de ofuscación intento matarlo tirándolo desde lo alto de la ciudadela sagrada de Minerva. Pero la diosa Palas transformó al muchacho en pájaro “cubriéndolo de plumas mientras caía”. Por este crimen Dédalo fue exiliado a Creta para servir al Rey Minos, donde conoció y enamoró a Náucrate, esclava y amante del rey, con quien concibió un hijo: Ícaro.

Minos encargó a Dédalo la construcción de un laberinto donde se encerraría a un temible monstruo antropófago protegido por el rey, mitad hombre, mitad toro, llamado Minotauro. Dédalo hizo un buen trabajo, pero no supo guardar un secreto y develó el misterio del laberinto a la hija del rey, Ariadna, propiciando que su amante –Teseo– terminara con la vida de la bestia. Enojado, Minos se la agarró con Dédalo y terminó encerrándolo junto a su hijo en el propio laberinto que había construido, como castigo. Para escapar, Dédalo diseñó sendos pares de alas hechas con plumas de ave unidas con cera. Antes de emprender la travesía hacia la libertad le advirtió que no debía volar demasiado bajo –a riesgo de que sus alas tocasen el agua y se mojasen– ni tampoco demasiado alto para evitar que el Sol derritiera la cera. Pero el joven Ícaro, abrumado por su recién descubierta capacidad de volar, olvidó las advertencias de su padre y se elevó por encima de lo aconsejado. La cera de sus alas se fundió y cayó al mar, donde murió.

El escenario que se presenta frente a la intención gubernamental de encaminar una iniciativa que atienda la problemática social de las drogas “ilícitas” es sumamente complejo. Con más de un cuarto de siglo de vigencia, la actual legislación nacional –inspirada en los postulados de la “Guerra Frontal” contra las drogas propuesta por el presidente Richard Nixon en los setenta– pide a gritos una reforma estructural que convalide la sucesión de fallos judiciales donde se reafirma la inconveniencia de penalizar a aquellas personas que decidan voluntariamente consumir sustancias estupefacientes. Ni las políticas punitivas, ni las estrategias de neto corte represivo instrumentadas por los sucesivos gobiernos, arrojaron resultados favorables a la hora de evaluar a qué distancia nos encontramos de la solución. Por el contrario, a pesar de los millones de dólares invertidos en la preparación de fuerzas de seguridad con protocolos de organismos reguladores del negocio –como la estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA)– en nuestro país hay cada vez más actividad de narcotráfico y las organizaciones criminales que se dedican a este negocio cuentan con mayor sofisticación tecnológica y recursos para perpetrar su faena delictiva.

La coincidencia en este punto es un buen comienzo para el debate que se avecina, impensado durante el gobierno de Mauricio Macri, cuya ministra de Seguridad puso más énfasis en criminalizar y militarizar el conflicto, que en buscar una salida consensuada con todos los sectores involucrados. Pero no alcanza. Es necesario plantear ese debate contemplando los matices que proponen las diferentes miradas que, sin ser necesariamente punitivas, plantean razonables cuestionamientos a la propuesta de legalización total de las drogas impulsada por ciertas organizaciones y activistas. Lo curioso es que esta postura liberalizadora sumó a un impensado “gladiador”, el flamante titular de la cartera de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien apenas asumido en su cargo, disparó: “El camino no es profundizar la lucha contra el narcotráfico, sino cambiar el paradigma y estudiar la legalización y la comercialización para el uso personal”.

Más cauta y con la necesidad de plantear un debate que incluya a todos los distritos y realidades de la Argentina, la responsable del ministerio a nivel nacional, Sabina Frederic, prefirió limitar a priori esa regulación al consumo de marihuana y convocó a organizaciones sociales, instituciones y especialistas a una mesa de trabajo donde “pensar un modelo argentino”, que evalúe las experiencias de otros países en la materia y pueda tomar “lo que mejor se adapte a nuestra realidad”. En declaraciones periodísticas, Frederic aseguró que no está en desacuerdo con Berni sobre la legalización, pero “hay que empezar con las drogas blandas, y después ver de ampliarlo a otras. Argentina no es un país que esté preparado para despenalizar las drogas duras”.

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¿Falopa para todos?

Los impulsores de la legalización de las drogas proponen modificar las leyes que prohíben el consumo, el suministro y la producción de sustancias psicotrópicas. El argumento central está basado en el derecho fundamental que cada persona tiene a elegir cómo quiere llevar su vida, lo que incluye la obligación del Estado de respetar la decisión del ciudadano sobre las sustancias que decida utilizar o consumir. Otro argumento que utilizan los defensores de la legalización es la creencia de que de ese modo se erradicarían las mafias relacionadas con el narcotráfico y, con ello, se reduciría la cantidad de muertes violentas que esta estrategia genera.

Los sistemas propuestos van desde la legalización total, que eliminaría completamente toda forma de control gubernamental, a diversas formas de legalización regulada donde las drogas estarían legalmente disponibles bajo un sistema supervisado por el Estado que contemple algunos aspectos tales como: limitaciones de edad, restricciones a la publicidad y a las cantidades autorizadas por período, etiquetado sobre dosis y requisitos para su suministro, según la percepción de su riesgo (al igual que ocurre con los fármacos de venta en las farmacias, con o sin prescripción médica). Dentro de los que postulan un cambio que termine con el prohibicionismo, están los que impulsan la despenalización del consumo. Estos sectores proponen reducir los controles actuales, transformándolos en multas u otros castigos que reemplacen al fichaje penal y la detención, y sostienen la necesidad de un abordaje terapéutico cercano a la reducción del daño que provoca el uso de drogas.

Por último, se encuentra la postura de quienes representan a los sectores más vulnerables en términos sociales, principales víctimas de la violencia derivada de las disputas por el control del narcomenudeo y también presas de la adicción ocasionada por el consumo de sustancias de imposible clasificación química. Los representantes de esta línea de pensamiento basada en la cruda experiencia del trabajo territorial son, fundamentalmente, las organizaciones sociales y religiosas que trabajan en las barriadas más marginales, donde todavía sigue siendo mucho más accesible conseguir una bolsa de paco que un trabajo digno. 

Si bien acuerdan con que es necesario modificar la mirada punitiva y desarrollar los aspectos sociales y sanitarios del abordaje global, ellos piensan que no es el momento de plantear una legalización de las drogas porque ese mensaje no llegará del mismo modo a todos y puede tener derivaciones colaterales muy negativas. “El chico que vive en la Oculta no tiene las mismas posibilidades, ni contenciones que otro que vive en Recoleta y cuenta con un entorno familiar, social y económico dispuesto a hacerse cargo de su atención; por eso no podemos pensar que liberando las drogas vamos a resolver el problema, lo único que vamos a lograr es abaratar el costo de la falopa, facilitándole a los que puedan comprarla el acceso a la sustancia con la que quieren divertirse”, dice un religioso que trabaja en la villa 21 de Barracas. “Nuestros pibes no pueden elegir, lamentablemente es la muerte la que los viene a buscar y la droga es uno de los factores que los catapulta a ese destino trágico”, finaliza.

La propuesta que elabora el ministerio a cargo de la licenciada Frederic, se encuentra en la etapa de análisis de todas las posiciones y sus respectivos fundamentos. El trabajo incluye un informe de legislación comparada para entender cómo avanzaron otros países en el abordaje de esta problemática y qué resultados obtuvieron.

Dentro de la Unión Europea, España y Portugal no consideran que la tenencia de drogas para consumo personal sea un delito punible. La tenencia para uso personal sigue siendo ilegal en los Países Bajos, Alemania y la República Checa, pero se establecieron directrices para que la policía, los fiscales y los tribunales no impongan pena alguna, ni siquiera multas, hasta cierta cantidad. Otros países imponen sanciones administrativas y solo unos pocos, como Suecia, Letonia y Chipre, contemplan sentencias de prisión por la tenencia de pequeñas cantidades.

Del otro lado del océano, las realidades también varían de acuerdo a cada país. En Brasil, los sucesivos cambios de legislación resultaron en una despenalización parcial de la posesión para uso personal. Las penas de prisión ya no se aplican y fueron sustituidas por medidas educativas y servicios comunitarios. Sin embargo, el hecho de que el consumo haya dejado de ser delito, no impidió que se establezcan penas de hasta cinco años de prisión por la venta al menudeo de pequeñas cantidades. Una investigación realizada en 2009 sobre procesos criminales por tráfico de drogas, en Río de Janeiro y Brasilia, demostró que el sistema penal es selectivo, y que los que venden pequeñas cantidades de drogas, constituyen el 60 % de los condenados.

Otro país para observar es Chile, donde el cultivo de Cannabis es permitido por ley siempre y cuando cuente con autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El consumo de drogas en Chile, a diferencia del narcotráfico, no es considerado delito; sin embargo, se sanciona como falta el que se haga en espacios públicos. En las tierras de Pablo Escobar Gaviria, el uso personal de las drogas es legal, siendo permitida una dosis mínima personal, de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana y se autoriza un cultivo máximo de 20 plantas de marihuana por persona y una tenencia de hasta 20 gramos para consumo personal. Nuestros hermanos uruguayos tienen una legislación que legaliza el consumo de drogas, pero mantiene al margen de la ley toda forma de producción, fabricación, plantación, tráfico o posesión de drogas, salvo que las cantidades de esta última sean para uso personal, confiriendo al juez interviniente en cada caso la potestad de determinar qué tipo de uso le da la persona involucrada. El 10 de diciembre de 2013 Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, tenencia y uso de marihuana, logrando de esta forma que sea cien por ciento legal. La marihuana se vende en farmacias a mayores de 18 años de edad, pudiendo adquirirse hasta 40 gramos de la misma por persona.

Determinar un marco normativo adecuado para la Argentina requiere de una tarea multidisciplinaria que el gobierno de Alberto Fernández ha decidido a emprender. Claramente, como de cualquier laberinto, la salida se encuentra tomando altura y mirando en perspectiva dónde está la salida que nos acerque a la solución más adecuada para una problemática que, mal que nos pese, existe y que no pudieron resolver las políticas punitivas. Hay que elevar el debate para encontrar el camino, pero sin dejar de lado la enseñanza que deja la tragedia de Dédalo: ni tan bajo como para que las olas mojen el plumaje y lo transformen en un ancla, ni tan alto como para que el sol derrita las alas, precipitándonos nuevamente a la encerrona del laberinto.   ♣♣♣

#PA.

Domingo 12 de enero de 2020.
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