Canallas, botones y amarillos

Por Mauro Federico

Por Mauro Federico


Una serie de episodios ocurridos esta semana obliga a poner la lupa de la sociedad sobre el rol del periodismo y los medios de comunicación en la construcción de la información y la búsqueda de la verdad. Algunos de estos hechos guardan relación con la bochornosa operación de la que fue víctima el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en torno al ofrecimiento de vacunación efectuado a la escritora Beatriz Sarlo; a lo que se le suma la insólita campaña para promover la privatización del proceso inmunizatorio promovido desde una señal de noticias. Otro “capítulo” se centra en un fallo judicial que propone una revisión sobre el morbo con el que la prensa sensacionalista aborda las temáticas relacionadas con la violencia de género y los femicidios. Todas lecciones que deberíamos aprender a la hora de elegir cómo nos informamos y cuáles son los parámetros éticos para definir los factores noticiables y construir el relato periodístico. Pasen y lean.

Durante la más sangrienta dictadura cívico-militar de la historia argentina, una parte del periodismo resistió de modo heroico en ocasiones y -en otras- al menos digno, los embates de una censura que impedía narrar la horrible realidad que atravesaba el país. Pero hubo grandes exponentes de la “prensa del establishment” que actuaron legitimando la desaparición forzada de personas, las torturas, los robos de bebés y el saqueo del país a través de un plan destinado a destruir las fuentes de trabajo y la industria nacional.

El ejemplo más reconocido de este colaboracionismo lo expresa el semanario Gente, propiedad de editorial Atlántida, donde directamente se negaba el accionar genocida de la dictadura, atribuyéndolo a una “campaña de desprestigio”. También formó parte activa de esta acción propagandística el diario Clarín, que osciló entre el silencio cómplice ocultando la masacre y los negocios turbios con el gobierno de facto, cuyo caso más emblemático fue su sociedad para la apropiación de Papel Prensa.

Este aparato propagandístico –del que sólo tomamos un par de ejemplos para no agobiar a los lectores- no operó solamente a favor de los militares, sino que lo hizo también durante los períodos democráticos, como parte de su tarea de sostenimiento de los poderes fácticos de la Argentina. Y cobraron con creces por los servicios prestados. Durante la década menemista obtuvieron las modificaciones necesarias para consolidar su accionar monopólico y se expandieron a expensas de centenares de pequeños medios comunitarios a los que fueron devorándose sin piedad.

Todo esto lo hicieron sin que prácticamente nadie se animara a señalar la obscenidad de tamaños ocultamientos, ni a cuestionar a aquellos representantes del Estado que avalaron las prebendas. Está claro que nunca actúan solos, existe una red de relaciones con la que mantienen plataformas comunes sostenidas en ejes programáticos compartidos. Las organizaciones que nuclean en la región a las empresas periodísticas siempre utilizan el argumento de la libertad de expresión como método casi infalible para justificar operaciones sucias y campañas sistemáticas de ataque generalmente con gobiernos de corte popular, que no son permeables a sus métodos extorsivos.

Esta semana ocurrieron en nuestro país varios hechos que dejaron al descubierto los tentáculos de estas estrategias, que se toparon con una opinión pública afortunadamente mucho más criteriosa e informada como para no ser avasallada por la falsedad y manipulación de las informaciones distorsionadas con intencionalidad y malicia. Repasemos.

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Malos bichos

El episodio que tuvo como protagonista a la escritora y ensayista Beatriz Sarlo se transformó en un claro ejemplo de la miserabilidad con la que el pseudo-periodismo de bajo vuelo opera para afectar la credibilidad de un proceso de vacunación de cuyo éxito depende la vida de millones de personas; y de un gobierno que está haciendo denodados esfuerzos para llevarlo adelante, en un contexto mundial muy poco propicio.

Para contextualizar adecuadamente los acontecimientos, es necesario remontarnos a fines del año pasado, cuando en declaraciones televisivas primero y ante la justicia después, la siempre indignada Elisa Carrió denunció al Presidente por “envenenamiento” apenas fue anunciado el comienzo de la campaña de inmunización con dosis de Sputnik V. Afortunadamente, las demenciales afirmaciones de la fundadora de Cambiemos no tuvieron eco institucional, pero sí hicieron mella en una población confundida y atemorizada tras nueve meses de pandemia y miles de contagiados y muertos por el Covid-19.

Las vacunas comenzaron a llegar, pero el proceso de inscripción voluntaria para su aplicación no tomaba el ritmo esperado, en gran parte motivado por esta campaña de desprestigio en contra de la vacuna rusa, razón por la cual desde la Provincia de Buenos Aires se comenzó a pensar en una estrategia de concientización para incentivar a diferentes grupos poblacionales, a la espera de la autorización para su aplicación a las personas mayores de sesenta años. Una vez que la ANMAT concedió este permiso, el propio gobernador Axel Kicillof presentó en una conferencia de prensa una iniciativa consistente en destinar 100 vacunas para este fin, convocando a referentes de la cultura, el deporte e intelectuales para que se inocularan públicamente con el objetivo de generar confianza.

El método no fue original. Uno de los sistemas de salud más prestigiosos del mundo –el británico- hizo lo mismo semanas antes. Figuras de la talla de Michael Caine o Elton John se vacunaron delante de cámaras que registraron las imágenes para un spot profusamente difundido por la BBC y otras cadenas televisivas, a fin de promocionar el accionar inmunizatorio del Estado para prevenir el coronavirus.

Así aparece Beatriz Sarlo en escena, contactada –a pedido del gobierno bonaerense- por un directivo de la editorial en la que el gobernador, su esposa y la ensayista publican sus trabajos. Todo claro y transparente, sin ninguna actitud que hiciera suponer una maniobra “por debajo de la mesa”, tal como Sarlo lo dio a entender en una entrevista periodística, luego de rechazar la invitación para sumarse a la promoción.  

En la línea cronológica de los sucesos, pasaron cosas que modificaron el contexto. Por un lado, la ANMAT autorizó la utilización de la Sputnik para mayores de 60 años, tras la publicación en la revista científica The Lancet, lo cual despejó dudas acerca de la efectividad de esta vacuna para los adultos mayores. Y por el otro, estalló el escándalo del vacunatorio VIP organizado por el ministerio de Salud de la Nación, que terminó costándole el puesto a Ginés González García y promoviendo una causa en la justicia federal.

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El “botón” de muestra

El episodio hubiera quedado en la anécdota, de no ser porque “alguien” advirtió un detalle en una entrevista que Sarlo concedió al diario La Nación, otro conspicuo integrante del establishment mediático. Ese alguien fue el conductor televisivo Luis Majul, quien –ni lerdo ni perezoso- fue a visitar el edificio donde más cómodo se siente el periodismo patrullero y le contó al fiscal que investiga la causa su “descubrimiento”.  “El sábado 27 de febrero, Beatriz Sarlo le dijo a un periodista de La Nación que solo revelaría públicamente quien le había ofrecido la vacuna si se lo preguntaba un fiscal. Nosotros alertamos sobre las declaraciones de Sarlo al juzgado que tramita la denuncia original sobre el vacunatorio vip. Entonces el juzgado dispuso que compareciera Sarlo”, detalló Majul en su propio programa.

Como el buen alumno que entrega la manzana lustrada a la maestra, el conductor del canal La Nación+ admitió sin que nadie se lo pida el rol que jugó en el armado de la operación mediático-judicial que había iniciado Sarlo al sembrar dudas respecto a la honestidad de la campaña de vacunación de Kicillof. Como no le alcanzó para satisfacer sus ansias de protagonismo en todas las operetas anti-kirchneristas, Majul le explicó a sus sufridos televidentes que él mismo visitó Comodoro Py e impulsó al fiscal Eduardo Taiano a citar y localizar a la intelectual para que ratifique o rectifique su denuncia mediática en sede judicial.

En su relato, dio detalles de su compromiso con la operación. “Después de varios días, el juzgado no podía hacer efectiva la citación porque no conseguía la dirección correcta. Cuando me enteré, porque yo consulto las fuentes originales, voy a Comodoro Py, voy a los ministerios si tengo que ir y le advertí a la gente del juzgado que iba a comunicarme con Sarlo para avisarle que desde la Justicia la estaban buscando. Ella, como una ciudadana muy correcta, envió los datos para poder ser citada”, agregó.

Todo venía saliendo tal como estaba planeado. Hasta que Sarlo llegó el miércoles pasado a Comodoro Py y declaró ante la prensa y el juez que había hecho “una fuerte autocrítica” por haber dicho que se le ofreció vacunarse “por debajo de la mesa”. “No tendría que haber usado esa expresión”, planteó Sarlo, dando por tierra con el operativo de denuncia contra Soledad Quereilhac y la administración bonaerense.

¿Final feliz? Más o menos. Porque al otro día, el diario Clarín le dedicó al episodio su título principal y, haciendo caso omiso a la textualidad de las palabras de la protagonista de la historia, dejó en su portada una prueba más de su oprobioso método para distorsionar la realidad: “Beatriz Sarlo declaró en la Justicia que fue la esposa de Axel Kicillof quien le ofreció la vacuna contra el coronavirus en enero”, tituló el diario del Grupo mediático más poderoso de la Argentina sin ningún tipo de vergüenza ante la flagrante omisión de datos y la falsedad titulera.

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El negocio de vender vacunas

Desde el canal Todo Noticias (también parte del Grupo Clarín), se lanzó una curiosa campaña para que las vacunas anti-Covid sean “privatizadas”. De la mano de un proyecto que impulsan los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo y Luis Petri, las periodistas María Eugenia Duffard y Luciana Geuna presentaron esa iniciativa como supuesta solución al problema. “A contrapelo de todo criterio científico sanitario y de la más elemental sensibilidad humanitaria, ambas propagandistas introdujeron esa iniciativa, poniendo de relieve, además, su total ignorancia acerca de las normas internacionales  y las pautas dadas por la Organización Mundial de la Salud”, sostiene el doctor Abel Bohoslavsky en un texto enviado a esta redacción.

“Muy suelta de cuerpo y esbozando una sonrisa, Duffard sostuvo que quien puede, se la paga y quien no, verá cómo hace. Interpelando al economista liberal Carlos Melconian, las periodistas le preguntaron si a él no le parecía atinada esa privatización de las vacunas, el entrevistado tuvo que advertirles que – hasta donde él sabe – existe una disposición internacional que las vacunas anti-Covid deben estar en manos de los Estados. Sin embargo, les concedió que si el Estado garantizara que quienes no pueden comprar la vacuna la reciban, entonces sí podrían venderse a gente pudiente”, continúa el profesional en su carta.

“Esta nueva iniciativa privatizadora pretende privar a la inmensa mayoría de la población de una conquista científica de la humanidad, de una herramienta preventiva para evitar enfermedad y muerte. Una cierta modalidad de privatización ya se ha puesto en marcha cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entregó vacunas a empresas de medicina pre-paga para que se las apliquen a sus asociados. Y otras personas, las reciben simplemente por acomodo o amiguismo”, agrega el médico.

“No sé si el acto de publicitar privar de la vacuna a millones de personas no pudientes llega a constituir el delito de facilitar la propagación de epidemias (Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia – art. 205 del Código Penal). Pero el acto anti-humano de egoísmo de estas propagandistas liberales merece el repudio de la humanidad”, concluye Bohoslavsky.

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Siempre el morbo amarillo

La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dijo esta semana que AGEA –otra empresa del Grupo Clarín- tendrá que pagarle dos millones y medio de pesos al padre de Ángeles Rawson por haber publicado en 2013 en el desaparecido diario “Muy” las fotos del cuerpo sin vida de la adolescente dentro del CEAMSE. La decisión la tomaron las juezas Gabriela Mariel Scolarici y Beatriz Alicia Verón, que consideraron que la empresa es responsable y debe abonar el resarcimiento establecido por la justicia.

Tal como relata la colega Sol Rodríguez Garnica en el portal Data Clave, el expediente judicial comenzó con la presentación del padre de Ángeles ante la publicación que hizo el diario Muy del 28 de junio de 2013. “EXCLUSIVAS: LAS FOTOS DEL HORROR” decía en su tapa el periódico con las imágenes de cómo fue hallado el cuerpo de la adolescente en una cinta transportadora del centro de residuos. AGEA fue condenado por esto pero apeló la decisión civil. Sostuvo que no se había vulnerado el derecho a la imagen ni a la intimidad de nadie sino que se quiso demostrar el lugar donde fue hallada la víctima “a los efectos de informar y aclarar cómo fue el aberrante hecho”. A eso le sumó que la publicación tuvo como objetivo “ayudar a comprender la dramática realidad del femicidio en Argentina, generar conciencia y compromiso”.

Las juezas no compartieron esa argumentación: “pretender que la libertad de prensa constituya una causa de justificación de todo tipo de publicaciones, so pretexto del servicio de información pública, significa tanto como otorgarle a aquella un bill de indemnidad”, lo que significaría tener carta blanca para publicar todo.

Para las integrantes de la Cámara Civil, el diario excedió el alcance y los límites del derecho a la libertad de prensa. “Cuando se difunden fotografías del cadáver de una persona fallecida -y más aún cuando se trata de una menor de edad, como lo era Ángeles-, resulta indudable que se vulnera el derecho a la imagen y a la intimidad familiar. Aun cuando pudiera considerarse como excepción que hubiera existido el ejercicio regular del derecho de informar, lo cierto es que no se avizora que tal exposición haya encontrado otra finalidad que la de lucrar al satisfacer la curiosidad o la morbosidad del público, excediendo claramente la noble función de informar conferida a la prensa, en perjuicio de la familia de la víctima”, afirmaron.

Las juezas fueron muy duras con la empresa responsable. Consideraron que se sobrepasaron los límites del derecho a la información “sin ningún tipo de tapujos” y que tendrían que haber tenido mucho más cuidado con el tema ya que se trata de una adolescente que fue víctima de un delito aberrante. Para ellas, la publicación “poco tiene que ver con la libertad de divulgar una fotografía de interés noticioso” sino que actuaron “sin reparos éticos ni morales y con miras a la obtención de un sensacionalismo a todas luces injustificado en detrimento de la calidad informativa”.

“Lo que se verifica en este caso es la exposición morbosa de imágenes de un crimen que ya había sido cubierto, en exceso y en profundidad, por todos los medios de prensa, pero que en este caso se lo exhibió en forma escabrosa y con fines netamente comerciales y sensacionalistas”, fustigaron las magistradas. “Tampoco parece eficaz, ni idónea, ni adecuada, ni correcta y mucho menos apropiada tal publicación para los supuestos fines esgrimidos, pues sin pretender ahondar en el tema por exceder la cuestión que aquí se ventila, no se infiere en absoluto que con las cruentas imágenes publicadas, se haya querido dar un abordaje cuanto menos serio a un problema social de tan extrema gravedad y envergadura”, concluyeron. ♣♣♣

#PA.

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