Rebelión en la granja

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Por Florencia Guerrero


Con la posibilidad de subir las retenciones y sacar el techo existente, Los Fernández amenazan con reeditar una vieja pelea con el campo. Mientras crece la tensión en varias provincias, el gobierno apuesta al desgaste y la división. La grieta llegó a los terratenientes y, por ahí, Grabois no exageraba tanto.

La inquietud arrancó en los albores de septiembre, cuando el revoltoso Juan Grabois salió a pedir la reforma agraria, en una iniciativa que -soñaba el dirigente de Los Cayetanos- expropiaría 50 mil parcelas de tierra. En ese momento bastó una frase: “en Argentina, solo el 2% de los productores concentran el 50% de la tierra productiva; y los pequeños productores, es decir, los chacareros, solo tienen el 17%. Tenemos una estructura agraria concentrada y regresiva”, para que entre los terratenientes locales explotara un avispero que los tiene a los saltos.

Sabían que con la llegada de Los Fernández, existía la posibilidad de estar en la mira, por eso aunque públicamente festejaron el nombramiento del cristinista Luis Basterra al frente del ministerio de Agricultura y Pesca, supieron que reverdecían sus peores temores traducidas en una sola palabra: Retenciones.

“Cuando Alberto presentó al ministro, dijo que necesitaban las divisas del campo, era obvio que lo que seguía era este aumento. No pasó una semana y confirmaron el aumento de las retenciones”, se quejan desde la remozada mesa de enlace armada con el fin de enfrentar el peligro latente del gobierno peronista, con un ministerio que agita el fantasma del intervencionismo.

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Quién es quién

A horas de la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que el Ejecutivo logró aprobar en el marco de la Emergencia Económica, luego de dos jornadas intensas en el Congreso, y con la confirmación de que se podrán elevar las retenciones del 30% al 33, tras la eliminación del techo de $4 por dólar, los referentes de las entidades volvieron a la carga con virulencia.

El primero en mostrarse descontento fue Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), lo siguió la entidad dirigida por Daniel Pelegrina, Sociedad Rural Argentina (SRA), ambos rechazaron la aprobación y arrancarán el lunes con una reunión en Capital Federal donde analizarán los pasos a seguir. La grieta se completa con Coninagro, dirigida por Carlos Ianizzotto y Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, que en oposición a los dos primeros festejaron porque no solo participarán del Consejo Federal que intervenga en determinar la alícuota, sino en los sectores que podrían ser protegidos de una medida que apuntaría a los grandes explotadores de tierra.

“El gauchaje está enojado”, sentenció con ese tono particular que tiene Eduardo Buzzi, histórico dirigente de la Federación Agraria que tomó relevancia en 2008 la sanción del Articulo 125 que imponía retenciones al campo. El tema lo devuelve a la agenda pública más de diez años después, aunque ya no integre el cuarteto de la mesa de enlace que ahora discute con el gobierno de Alberto Fernández. El ex titular de FAA anticipó a #PuenteAéreo: “Esta semana habrá novedades concretas sobre el descontento con la medida. La gente quiere volver a las rutas”.

Es que entre jueves y viernes de la semana pasada, hubo encuentros en diferentes regiones, el ala dura del campo se reunió en San Miguel de Tucumán, y fueron los propios dirigentes de las gremiales del norte argentino los que decidieron articularse en una Mesa de Enlace paralela que comprenderá al NOA-NEA, pero eso no es todo, porque desde ese sector ya salió la primera medida contra la ley: un paro de comercialización con fecha a definirse.

En la Rosada tomaron con cierta felicidad la noticia sobre el separatismo, con la división de las mesas de enlace, el que gana es el gobierno, aunque si la grieta se profundiza se les puede volver en contra. Es que los ánimos están caldeados no solo por la ley aprobada, sino porque casualmente un día antes de anunciarla, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo procesó a las caras visibles en el triunvirato de enlace que peleó contra la 125: Mario Llambías, Luciano Miguens y el propio Buzzi por los cortes en la ruta 9 durante las protestas por las retenciones en el 2008.

“Es una treta, uno no quiere dudar de la división de poderes, pero ¿qué esperan? ¿Que por hacer que 12 años después nos procesen, la gente se va a quedar en su casa? Están muy equivocados, si el campo siente que avanzan contra sus derechos, no lo va a dejar pasar”, escupe Buzzi indignado porque además se los embargó por 50.000 pesos. “Lo increíble de todo esto es que el mismo Villafuerte Ruzo nos había sobreseído a todos en 2017, ¿qué cambió en dos años? Además del gobierno”.

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A desalambrar

Exagerado o no, a 10 días de asumir el nuevo gobierno, el pedido de Grabois ya no parece tan exagerado. Aunque utópica, la idea de la expropiación de aquellos varios miles de parcelas para entregarlas a pequeños productores con el propósito de que en el país nadie posea más de cinco mil hectáreas de tierra, es la amenaza que corroe el cerebro de varios productores y podría funcionar como contención.

Mientras tanto, esta semana los referentes del campo intentarán avanzar en un “acuerdo de caballeros” con el gobierno, que genere cierto equilibrio y baje la temperatura en las rutas. Si no se avanza en eso, el asfalto volvería a ser escenario del malestar campero, en un nuevo capítulo de esa relación históricamente espasmódica entre el Estado y uno de sus sectores productivos más fuerte, y al que se acude cuando la caja está flaca. Por eso, lo que sigue esta semana en esta novela económica no solo resulta imposible de anticipar, sino que además dejará una marca indeleble en el gobierno que prefirió apurar los trámites y sabe que en algún momento vendrá el contragolpe. ♣♣♣

#PA.

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2019.
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