Pobreza: un diciembre difícil para Los Fernández

Pobreza: un diciembre difícil para Los Fernández

Por Florencia Guerrero

En Balcarce 50 lo saben, son días cruciales en muchos aspectos, en la previa del primer aniversario del gobierno de Alberto Fernández, que se empalma con un mes crítico en el que se conocen los números sobre el crecimiento de la pobreza —un ítem que esta gestión recibió en rojo por parte del macrismo—, y la promesa de algunos sectores del campo popular de salir a la calle para reclamar un esfuerzo extra del Estado.

“Estamos llegando a fin de año que golpeó a trabajadores y jubilados, con un ajuste fondomonetarista, por eso los piqueteros y piqueteras salimos a las calles”, describió el referente del Partido Obrero (PO), Eduardo Beliboni, a #PuenteAereo sobre el panorama callejero que espera en diciembre. Es que, si bien este sector de la izquierda todavía juega solo, tras la integración de algunos movimientos sociales como el Movimiento Evita y un sector minoritario de Barrios de Pie, hay otros sectores que movilizan por las mismas causas.

“Salimos a la calle porque es un error suspender el IFE en una situación que continúa siendo critica. Ese ingreso no solo es una ayuda a millones de familias, sino que implica gran cantidad de dinero circulando en las economías locales tan golpeadas”, expresó a este portal Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie (Libres del Sur). Tampoco descartó que esas movidas, que hasta aquí se hacen en diferentes jornadas, terminen aunándose por el objetivo común.

Esta semana fue difícil para el Ministerio de Desarrollo Social, que hace semanas ve con preocupación la tensión social, trasladada a las calles con la multiplicación de protestas en reclamo de aumentos de la ayuda que recibe el campo popular, un triste clásico de cara a las fechas de las fiestas de fin de año. Pero no solo eso, además, el planteo que hizo la CGT al presidente en Olivos, sobre un plan de contención social para las fiestas, impulsó el anuncio de un bono para jubilados y planes sociales de alrededor de $10.000, por única vez, que reemplazará al IFE.

Según Beliboni, esa respuesta no alcanza: “El salario mínimo abalado por el gobierno, las cámaras patronales y la CGT fue fijado en $18.900, y eso es menos de la línea de indigencia. Paralelamente, la desocupación trepa a niveles históricos y millones no logran comer por su cuenta, por lo que tienen que acudir cada vez más seguido a comedores populares, que nunca han recibido en lo que va de la pandemia lo necesario para asistirlos”.

***

El ministro de las explicaciones incómodas

Cuando asumió hace un año, en el Ministerio por el que trabajó mucho antes de que Los Fernández llegaran al gobierno, el titular de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sabía que no le esperaban tiempos fáciles con un panorama teñido por el porcentaje de pobreza que en diciembre de 2019 promediaba el 40 por cuento. Algo que empeoró desde marzo, con la llegada del coronavirus y la contracción económica que potenció.

El funcionario hubiera preferido que este año tuviera un par de meses más, y llegar con más oxígeno a diciembre. Pero todo no se puede, así que después de una semana álgida, salió a hablar a la prensa, ese terreno en donde sabe moverse a diferencia del resto de los funcionarios albertistas.

En el 2021 se van a recuperar todos aquellos que cayeron en la pobreza por la pandemia”, dijo asertivamente Arroyo, en varias entrevistas que brindó este fin de semana, donde planteó que uno de los objetivos del Gobierno es la creación de 300.000 empleos, ya que “la clave para la recuperación es el trabajo. Los ´nuevos pobres´ se van a recuperar el año que viene, son aquellos que no tienen problemas de vivienda, sino que el problema fue la falta de ingresos por la pérdida del trabajo”, detalló el funcionario, que además prometió: “el año que viene se va a ir recuperando el trabajo y el sector informal también y eso va a ayudar a regular la sociedad y la familia”.

Para el ministro, a pesar de que “la situación es crítica” y que “hay gente que la está pasando mal”, en las últimas cuatro semanas hubo un descenso de gente que asiste a los comedores populares. “Bajó la cantidad de gente en los comedores y eso tiene que ver con que hay más changas en el sector de la construcción y en el área textil”, fundamentó.

***

Pobreza: las cifras de la alarma

Las palabras de Arroyo no fueron solo por la presión creciente en las calles. La semana pasada además cerró con las cifras difundidas por la Universidad Católica Argentina (UCA): El 34,9 por ciento de los hogares y el 44,2 por ciento de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1 por ciento y 40,8 registrados en igual período de 2019.

La pobreza en los más chicos llega al 60 por ciento”, detalló el informe en el que se describió como positivo el rol del Estado durante los primeros meses de la pandemia. “Bajo el escenario de crisis Covid-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia”, según UCA.

Ese nuevo escenario “paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal”, a la vez que frenó las expectativas de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa. En ese sentido, según los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), entre julio y octubre 34,9 por ciento de los hogares y 44,2 por ciento de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza, y 7,3% de los hogares y 10,1% de las personas eran indigentes, los porcentajes más altos de la década.

Consultado por #PuenteAereo, el director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, aseguró que “sin la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la situación relacionada con la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53por ciento. Nuestro informe es parte de un proceso que lleva diez años de estancamiento, con tres años de caída entre 2018 y 2020”.

Además, el analista de la casa de altos estudios pronosticó: “Es necesario un crecimiento económico y un pacto económico-social para crear empleo porque de lo contrario no habrá posibilidad de salir de la pobreza”.

Para la UCA, esos nuevos pobres provienen inicialmente de un grupo de hogares que, si bien en 2019 no eran pobres por ingresos, presentaban condiciones de vulnerabilidad que se manifestaban en privación en al menos una dimensión no monetaria. Pero, siempre lo hay, otro aspecto que destacó el relevamiento es el fuerte incremento de la “pobreza estructural”, por el incremento en las carencias experimentadas en los hogares, con un aumento de la pobreza multidimensional estructural que pasó del 21,4 por ciento al 27,3 por ciento a nivel de la población.

Como guiño a las políticas implementadas desde Desarrollo Social, la UCA destacó que las políticas sociales estuvieron presentes en el contexto de crisis Covid-19, no sólo a través de las transferencias de ingresos, programas de empleo y ayudas alimentarias, sino también a través de mecanismos compensatorios implementados en el marco de la pandemia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) —que termina, no porque la pandemia se haya terminado sino como exigencia del FMI—, bonos extraordinarios a AUH y Tarjeta Alimentar, así como mediante los refuerzos extra realizados en la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores comunitarios.

***

La pelea que se viene

“Hay una pobreza estructural y una pobreza en pandemia. la Argentina tiene un 30 por ciento de pobreza estructural, ahora está en 44 porque se desacomodó la situación y el efecto de la pandemia”, dice Arroyo como respuesta a los números. Aunque siga con cierta tranquilidad por su rápida intervención e incorporación a la gestión de algunos referentes populares: “No hay condiciones para un conflicto social; no hay ánimo en la sociedad para un conflicto, pero es claro que hay gente que la está pasando mal y está angustiada”.

Por eso, para prevenir y contener a los núcleos duros de la protesta, en el último mes del año, el ministro reafirmó que se invertirán $63.000 millones en la protección social, que se aplicarán en la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentaria; un bono de $9.450 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo; un plus de $6.000 por hijo de la Asignación Universal; incremento de fondos para los comedores y merenderos; y la entrega de 1.700.000 cajas navideñas.

Ante eso, desde el PO, Beliboni responde: “Potenciar Trabajo apenas asiste a 550.000 personas, mientras los desocupados son millones, y no superan los $ 10.000 por familia, además de que nadie habla de la inflación altísima en alimentos que se estima en más del 40 por ciento”. Según el dirigente, el ajuste impuesto por el FMI, recaerá sobre desempleado y jubilados, y por eso este mes los encontrará recalentando el asfalto. En un diciembre difícil, para el primer año de gestión de Los Fernández.   ♣♣♣

#PA.