Legalización del aborto: reglamentación polémica y provincias que no

Por Florencia Guerrero

Por Florencia Guerrero


Mientras en seis meses se presentaron amparos contra la IVE, el avance de la normativa parece inexorable. ¿Qué cambios se incorporaron y qué provincias están en la mira del Estado por incumplimiento?

Pasaron varios, largos, meses, pero ayer amaneció con el Boletín Oficial con la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación. Lo difícil es que en estos ocho meses de amarga espera varias provincias demostraron su voluntad de no moverse ni un centímetro del oscurantismo en el que han obligado vivir a millones de mujeres.

De hecho, esta semana la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud le llamó la atención al gobierno de Salta, porque el 25% de las mujeres que llamaron al 0-800-222-3444 -habilitado para solicitar una Interrupción Voluntaria del Embarazo-, tuvieron que comunicarse en dos o más oportunidades. Lo cual da la pauta de que esas personas gestantes que decidieron hacer uso del derecho, no fueron atendidas en tiempo y forma.

Pero claro, no es la excepción, sino en muchos casos la regla. Córdoba, Tucumán, Mendoza y Santa Fe, son algunas de las más problemáticas, aunque otra que esta semana estuvo en el ojo de la tormenta fue Tierra del Fuego, porque Amnistía Internacional denunció que en la ciudad de Río Grande, en reiteradas ocasiones las mujeres que acudieron solicitando la práctica de un aborto se encontraron con obstáculos burocráticos en los hospitales públicos.

Está claro, en Argentina no todos tienen el derecho al ejercicio de sus derechos, mucho menos sin son mujeres. Eso se confirma en la provincia de Schiaretti, donde el fiscal General, Juan Manuel Delgado, firmó el jueves pasado un dictamen no vinculante en el que asumió como positivo el pedido de suspensión de la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la provincia.

No ha sido fácil, si alguna de las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito -que en mayo cumplió 17 años-, creyó que el 30 de diciembre de 2020 comenzaría a aplicarse la ley por la que en 2005 se organizaron de forma federal, estaban en un serio error. La lucha promete seguir.

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Reglamentación y polémica

Vilma Ibarra, una de las que más empujó la negociación en el Congreso el año pasado, fue la que estuvo a cargo de finiquitar el trámite esta semana, y mientras en la ley se avaló el aborto en casos de violación, si la persona tenía una discapacidad o si estuviera en riesgo su salud, en su reglamentación hubo alguna modificación, por pedido de varios legisladores provinciales que reclamaron cierta certeza en la los casos en los que la interrupción sería autorizada, aún después de las 14 semanas de gestación.

Lo cierto es que en la reglamentación que abre el juego a la aplicación de la normativa, se aclaró que para acceder a un aborto en un embarazo que supere esa cantidad de semanas se requerirá “el consentimiento informado de paciente, además de documentación que certifique el peligro para la vida o la salud, que deberá ser evaluado y establecido por el personal de salud interviniente en el marco de la relación entre el o la profesional de la salud y la paciente”.

Algo que no conformó a algunos de los que aceptaron votar aquella noche, a regañadientes. Además, se sumó un ítem que en estos meses dio bastante tela: la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, ya que en la reglamentación se infiere que no podrá negarse a la realización de la práctica “en caso de emergencia”, algo que deberá realizarse respetando la confidencialidad, otro de los puntos centrales que evitarán por la fuerza la exposición maliciosa de las mujeres gestantes.

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Mirando para otro lado

En su texto, la Ley 27.610 estableció que “toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento”, aunque gracias a las trabas burocráticas y la falta de presión para aplicar la normativa, eso no ocurre en todos los casos.

Varias Colectivas feministas han presentado amparos, aunque tal vez entre las más activas -por ser las más abiertamente perjudicadas-, sean las salteñas, que impulsaron hace algo más de un mes, un pedido de información pública sobre el acceso al aborto en la provincia. Además, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de esa provincia informó que de un total de 12.939 partos en 2018, 2.922 fueron de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años. Ese dato no parece alertar a los funcionarios de turno, de ninguna gestión provincial, donde se registraron varios pedidos de nulidad de la IVE.

Pero no es la única región anómica, a nivel nacional según un relevamiento de Amnistía Internacional, se iniciaron al menos 33 demandas en contra de la ley, solamente en los primeros seis meses de vigencia, aunque a la fecha se registraron unos 20 rechazos -13 en acciones contra el Estado Nacional y 7 en diversas provincias-.

Pues bien, con la reglamentación ya vigente, nada hace pensar que se ha terminado la pelea. Por el contrario, con el aborto filtrándose en algunos mensajes de campaña para las PASO 2021, en las críticas de algunos candidatos, queda claro que el tema está lejos de saldarse.

Pero la Ley existe, fue conseguida con el esfuerzo y la pérdida de miles de mujeres que quedaron en el camino. Ahora otras tantas deberemos hacerla valer, es nuestro derecho. ♣♣♣

#PA.

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