Larreta, las escuelas que no fueron y los derechos con cupo

Larreta, las escuelas que no fueron y los derechos con cupo

Por Florencia Guerrero


En campaña prometió 54 escuelas, pero desde que es jefe de Gobierno inauguró sólo cinco. De la urgencia de volver a clase en pandemia al plan para recortar el presupuesto educativo y el aval de una Justicia que falla a su medida.

La espiral de contrasentidos vinculada al derecho a la educación en la ciudad de Buenos Aires, ha conseguido en las últimas semanas giros esperados, pero lindantes con lo bizarro. Por un lado, Horacio Rodríguez Larreta festejó un polémico fallo que restringió el acceso a la enseñanza pública. Por el otro, el jefe del Gobierno porteño aseguró sin ponerse colorado que por el recorte en la coparticipación no podrá construir 217 escuelas primarias, algo poco probable ya que durante su gestión se inauguraron cinco de un total de 54 prometidas.

Pero no es todo, además, esta semana que conoció que el ministerio de Educación, comandado por Soledad Acuña, recortará en un 6 por ciento el presupuesto destinado a educación para el año próximo, batiendo un récord y convirtiendo ese presupuesto educativo en el más bajo de los últimos diez años.

El pedido a los equipos de comunicación de Cambiemos fue claro: “todo debe vincularse con la falta de recursos” originado en el reordenamiento de los fondos coparticipables impulsado por el Gobierno Nacional. Algo que no resulta tan veraz, ya que la tendencia a la baja en educación fue una constante en la última década.

“Estamos en una situación permanente de alerta, no le alcanzo al gobierno de Larreta con mandar a Acuña a insultar a los docentes porteños, ni con vapulearnos durante la cuarentena en la que no se nos brindó ningún apoyo gubernamental para seguir dando clases, sino que ahora amenaza la continuidad y la calidad en las escuelas”, aseguró a #PuenteAereo Eduardo López, Secretario Gremial de CTERA, que además confirmó que desde los gremios porteños se realizará una presentación judicial para contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad “que perjudica a miles de familias que reclaman que se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública”.

***

En su resolución, el máximo tribunal porteño determinó que sólo podrían hacer el reclamo a la Justicia aquellos familiares que no puedan abonar la matrícula en la educación privada. Además, los jueces agregaron que “las demandas por vacantes no deben ser individualizadas, sino que deberían estar agrupadas en una demanda colectiva en una ONG”.

La causa en la que resolvieron estos puntos, se inició en 2018 cuando una mamá inscribió a su hijo para el ciclo inicial, en sala de 2 años en varios establecimientos educativos y el día 17 de noviembre de 2017, cuando se asignaron las vacantes, obtuvo una respuesta negativa, por lo que consideró que el gobierno no garantizaba el derecho a la educación del pequeño y fue a la justicia.

La actora no logró demostrar que tuviera un mejor derecho a la asignación de una vacante en el sistema público de educación inicial que aquel que el GCBA le computó en virtud de lo establecido en el reglamento de asignación de vacantes”, relató el fallo que pesa como antecedente además en otras varias causas iniciadas por la misma razón.

Es que hace años, cientos de familias reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice el acceso a las vacantes para todos los niños en edad escolar. Ese artículo establece que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. Allí nada dice de la capacidad económica de los padres o del contexto familiar.

Para López: “Con este fallo, se avanzó en algo que Larreta y Acuña intentan hacer hace tiempo: restringir el acceso a la educación pública, porque inhabilita a acciones de amparo a las familias que no pudieron acceder a una vacante por el motivo que fuerte, y tampoco se les permite recibir un subsidio del Ministerio de Educación para pagar una vacante en la privada”.

Para María Cecilia Fernández, abogada del colectivo “Vacantes para todos”, que se formó a raíz de la multiplicación de las demandas por falta de cupo estudiantil, “la resolución judicial es un espanto. Nos dejó perplejos, no esperábamos una aberración semejante”.  Además, la letrada aseguró a este portal que la razón de la sorpresa por parte de las familias radicó en que “veníamos con resultados favorables en todos los casos en los que planteamos demandas por el acceso de los chicos a la educación en la Ciudad, lo del Tribunal es increíble en el contexto jurídico, pero no político, porque la justicia parece haberse acostumbrado a fallar a la medida del gobierno en Ciudad”.

“En la lectura del escrito no podemos encontrar un sustento jurídico, básicamente son 40 páginas que no dicen nada, y es muy claro el porqué: La Constitución de la Ciudad es muy clara cuando dice que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública a partir de los 45 días”, subrayó la abogada sobre la decisión Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que entendió como “es un fallo de corte político que se hace a la medida de la solicitud de un gobierno que históricamente desde que está en el poder no se ocupó de la educación pública”.

***

Mientras tanto, la decisión judicial también fue criticada por el Ministro de Educación Nacional, que calificó como “inédito” que tres jueces en vez de interpelar al Gobierno de la Ciudad en la priorización de la inversión educativa, “tomen una posición en contra de la defensa de la educación de los niños y niñas, es inaudito”.

Así las cosas, sin las 54 escuelas que Larreta prometió en sus diatribas de campaña, con una reducción del ya malogrado presupuesto para educación, y con la ventaja de la justicia de su lado, Rodríguez Larreta, que este año insistió y mandó a la ministra Acuña a pelear por la vuelta anticipada a clase en medio de una pandemia mortal, parece decidido en avanzar sobre uno de los derechos vitales para la infancia. Contenido en la Ley de Educación Nacional donde se establece en el artículo 3 que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado” para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos.

Todas cuestiones que el gobierno porteño soslaya, en pos de una pelea en la que pierden los más débiles, y demuestra que su gestión pasará a la historia por llevarse sensibilidad social a marzo. ♣♣♣

#PA.