La patria minera: algo huele mal en Andalgalá

La patria minera: algo huele mal en Andalgalá

Por Florencia Guerrero


Digamos todo: a veces, la justicia es rápida. Como en Andalgalá, donde en horas se libraron 25 órdenes de captura contra vecinos que marcharon pacíficamente contra la instalación de “Agua Rica”, una nueva minera. La caza de una fiscal subrogante, un expediente sin pruebas y el paso de ser ciudadanos libres, a vivir con los teléfonos pinchados.

Hay zonas y zonas. Hay recursos y recursos. Y aunque la historia se repita, con idénticas prácticas, la megaminería sigue siendo el cáncer cuya metástasis consume la riqueza nacional, y expone hasta los huesos, la falta de un Estado que defienda la soberanía.

Y otra vez, el grito llega desde la tierra de Nuestra Señora del Valle de Catamarca, donde un grupo de andalgalenses terminaron presos y fueron procesados. Vecinos que inocentemente creyeron que podían oponerse al dominio de la megaminería y a la complicidad de todos los gobiernos posibles. Recibieron palos, acusaciones, y ahora temen por sus familias. La historia repetida les da la razón.

No es para menos, en pocos días, la policía de Catamarca irrumpió en sus casas, llevándose a varios de los vecinos que luchan por el agua. La inusual velocidad Judicial llevó a que se libraran 25 órdenes de detención, pedidos por una fiscal subrogante, Soledad Rodríguez, después de las movilizaciones multitudinarias y un incendio producido en la oficina de la minera Yamana Gold, a principios de abril, unos días después de conocerse que la empresa canadiense ascendió a 3000 metros de altura – en una zona protegida por la Ley Nacional de Glaciares-, para iniciar “Agua Rica”, un proyecto que atenta contra la potabilidad del agua en la zona. En este punto, tampoco se opuso el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, que ha mostrado sobrada impericia en el manejo de los incendios forestales que jaquearon al país, y desde entonces reforzó el perfil bajo mediático.

En la misma región en la que ahora Yamana Gold avanza con impunidad, durante 22 años la inglesa Barrick Gold derramó cianuro, irrumpió en los montes y arruinó la vida silvestre. Ante las múltiples denuncias, nadie los detuvo, hasta que ya no hubo más que robar. Esa herida sigue abierta para los andalgalaenses que ven en “Agua Rica” la continuidad del asesinato de la Pacha Mama.

***

La dictadura minera

“Se infiltraron en las marchas, generaron violencia, algo que ninguno de los que honestamente luchamos por el agua haríamos. Después fue simple, salieron a cazarnos. Lo que está pasando es muy serio, somos víctimas de la dictadura minera”, explica a #PUENTEAEREO Walter Rubén Mansilla, el fotógrafo de la Radio El Algarrobo –de la Red de Medios Alternativos (RNMA) –, y militante de la asamblea El Algarrobo, que fue detenido el pasado lunes 12 de abril, para ser liberado casi dos semanas después, bajo la acusación de estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto.

Además de Walter, ese día hubo otras doce personas aprehendidas, todos militantes de la Asamblea y participantes de la marcha del sábado 10 de abril, que como desde hace 12 años, los vecinos de Andalgalá realizan por el centro de la ciudad para manifestarse en contra de la explotación minera y en defensa del territorio. La movilización aquel día fue pacifica, hasta que un grupo que la asamblea no consigue identificar, empezó a generar disturbios. Este punto es vital: en el expediente hecho a las apuradas para enredar judicialmente a los detenidos, no existen pruebas que acrediten que los acusados hayan incendiado nada.

“Son todas maniobras para inculparnos y emitir las órdenes de detención arbitrarias, nos quieren amedrentar”, aseguró el reportero gráfico que el día en que fue apresado, vio llegar a 45 efectivos del Grupo especial Kuntur catamarqueño, entrenado para tareas de alto riesgo, 30 de ellos cuidaron el exterior mientras el resto entró a la vivienda, la destrozó y golpeó al fotógrafo.

Otro de los casos de violencia institucional, en connivencia con las mineras, lo detalló Graciela Chayle, integrante de la Asamblea, en sus redes sociales: “allanaron mi casa violentamente, entraron sin mediar palabras, seguramente a muchos de nosotros nos está pasando esto. Revolvieron todo”, se lamentó. Esa parece la nueva normalidad del gobernador Raúl Jalil, menos charla y más palo.

Pero no es todo, ubicar a cualquiera de los detenidos es toda una aventura de la comunicación. Casi todos han dado de baja sus celulares, o prefieren hablar por el sistema protegido de Telegram. Lo dicho, el miedo corre por los verdes montes de Catamarca, y es justamente este el que atrae a las hienas.

Pero esta gente sabe de silencios gubernamentales y de luchas. Como la de aquel 15 de febrero de 2010, las mismas fuerzas de seguridad provinciales avanzaron contra más de 300 integrantes de la asamblea El Algarrobo, que también fueron detenidos por un corte en el camino hacia Barrick Gold.

“Nuestras calles están militarizadas, desplazados por toda la ciudad, intimidan, persiguen, criminalizan y detienen, ahora también con el ejército. Todo para que entre Minera Agua Rica”, escribió en su cuenta de Twitter, el periodista Enrique Viale. Todo ocurre al amparo de un sistema político que deja hacer y de una organización judicial que siempre ha fallado a favor de las multinancionales.

No es algo, todo huele mal en Andalgalá. La gobernación Jalil, el olvido conveniente del gobierno nacional y la justicia han propiciado el componente necesario para que una vez más, la riqueza nacional sea exportada, o destruida. Los únicos que no se resignan son los moradores de la zona, que prometen seguir con la lucha, aunque ahora haya pasado de vecinos comunes a procesados. ♣♣♣

#PA.