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La ilegalidad policial en la cruzada contra el Cannabis

Por Florencia Guerrero


Esta tarde se realizará virtualmente la Marcha Mundial de la Marihuana, una jornada en la que se denuncia la persecución al consumo, despenalizado hace años. Los datos que preocupan en Argentina y el espejo neoyorquino.

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Hoy, como cada primer sábado de mayo, debería realizarse la Marcha Mundial de la Marihuana, una movida que comenzó hace 25 años en la que se reclama básicamente la despenalización de la tenencia y consumo. Pandemia mediante, por segundo año la movilización no se hará, aunque la preocupación de los sectores más afectados por el tema se hará oír en las redes, con los hashtags #MarchaMarihuana2021, #AutocultivoYa, #MMM2021, #GMM2021, #CannabisLegalYa, #BastaDePresxsPorCultivar #ARGENTINALEGAL #CannabisAlCongreso.

¿Por qué tanta preocupación por el tema? Es que aunque en Argentina la criminalización de las personas que tienen drogas para consumo personal fue declarada inconstitucional hace 13 años, esa misma porción de la ciudadanía sigue siendo perseguida y detenida. La denuncia es clara, y esta semana se cristalizó en un rico informe presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que analizaron los datos de las causas penales abiertas por tenencia en distintas jurisdicciones del país. “El documento da cuenta de una profundización de la práctica persecutoria sistemática por parte de las policías, que privan de la libertad e inician causas penales que, aunque no prosperen, funcionan como un castigo”, indica el trabajo de 15 páginas en el que se cruzaron datos judiciales a nivel federal.

En el desglose se ve que la caza de “perejiles” sigue siendo un método aprobado en las altas esferas policiales, que se vale de esta práctica para mejorar los índices de “trabajo contra el delito” y muchas veces informa como “tareas contra el narcomenudeo” a simples consumidores.

Concretamente, según los datos, entre 2018 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires las causas por tenencia para consumo aumentaron más del 400%; y entre enero de 2019 y agosto de 2020, el 75% de las causas que se iniciaron por delitos de drogas fueron por tenencia para consumo personal y solo el 17% por comercialización. “Las estadísticas demuestran que la política criminal que implementa el Ministerio de Seguridad porteño apunta a perseguir a les consumidores. Y no a cualquier consumidor; sino a les pobres y a les migrantes”, analizó el Cels en el informe.

Es que del análisis de la cantidad de detenciones por consumo que se realizan en cada comuna porteña, queda expuesto el sesgo de clase en las detenciones: “hay personas para quienes el consumo está despenalizado ‘de hecho’ y personas que si consumen están cometiendo un delito”, detallan los analistas, que con las estadísticas oficiales lograron demostrar que uno de cada cuatro consumidores es detenido en la zona de Retiro y la Villa 31; y más de tres cuartas partes de las detenciones se concentran entre esa comuna y la 4 (Barracas-Pompeya, Villa 21-24 y Zavaleta), la 8 (Lugano, Villa 20 y otras) y la 3 (Balvanera, Plaza Once, Abasto).

Pero la policía de Horacio Rodríguez Larreta no es la excepción a la regla, sino una muestra de la botonera. Por caso, cruzando los puentes de la boca o la General Paz, Sergio Berni y sus fuerzas “de elite” no dejan lugar a la duda, de hecho, el año pasado la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) denunció que el secretario de Seguridad bonaerense había publicado en sus redes un spot en el que hacía apología de la xenofobia y el trans-odio, acusando a los movimientos sociales y las minorías trans de favorecer el narcotráfico.

“Berni termina emulando las campañas que encaró Patricia Bullrich, y ambos tienen claro que el narcomenudeo es, cada vez más, una modalidad de criminalización de una población atravesada históricamente por la represión policial y el estigma social”, explicó a este portal María del Carmen Verdú, abogada de la coordinadora que lleva años denunciando las malas prácticas policiales que determinan esta distribución social de las detenciones arbitraria que algunas fuerzas usan como parte del control y el hostigamiento a las poblaciones más pobres.

En relación al sinuoso territorio donde manda La Bonaerense, el informe de Cels no deja lugar a dudas: “No es posible conocer cuántas personas fueron detenidas por delitos de drogas en 2019 y 2020, ni analizar esas detenciones, porque el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no respondió a nuestros reiterados pedidos de informes”. Lo mismo sucedió con #PUENTEAEREO, se ve que el secretario entendió bien el pedido sobre bajar el perfil.

Lo que sí se sabe es que la provincia de Buenos Aires adhirió a la desfederalización de los delitos menores en 2006 -es decir, que la tenencia en pequeña escala es considerado un delito que pueda ser investigado por la Justicia local-. Desde entonces, la cantidad de hechos delictivos de drogas informados por la policía provincial aumentó casi un 500%: de 8220 hechos registrados en 2005 a 47927 en 2019. Cualquier parecido con el sueño de Luis Alberto Patti de razias en las plazas y jóvenes con las greñas rapadas, no es mera coincidencia.

Pero salgamos un poco del ecosistema AMBA, y del resto de los cordones desatados del Conurbano, ¿qué pasa en el resto del país? Otra vez, la escasa y fragmentaria información provista o publicada sugiere que la práctica de detener consumidores sigue vigente en todo el territorio, tanto en las provincias que adhirieron a la desfederalización como las que no lo hicieron.

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“New York, New York”, cantaba Liza Minnelli en los tiempos donde la capital de capitales escondía en sus rincones los clubes de la perdición. En ella, como en otros lugares de los Estados Unidos, hace décadas que la tenencia de marihuana para consumo personal no es punible. Precisamente en 1977, una ley del estado de Nueva York descriminalizó la tenencia de hasta 7/8 de onza de marihuana, fue una reforma legislativa. Pero, desde ese mismo año, las detenciones de personas por tenencia de marihuana por debajo del límite legal crecieron exponencialmente.

De hecho, la policía neoyorquina nada debe envidiar a sus congéneres del sur, porque sólo en 2019, más de 40.000 personas fueron detenidas por fumarse un porro o tenerlo en el bolsillo. El ejemplo sirve para entender mejor la perversidad de algunas medidas que se presentan como progresistas y en verdad esconden a un aparato Estatal, que en la práctica, sigue persiguiendo a los pobres.

Como en el conurbano bonaerense o en CABA, se calcula que más de 100 personas que son detenidas por día en la gran manzana, llevadas a una comisaría y liberadas después de tomarles las huellas digitales, obtener fotos y verificar sus domicilios, sin que se inicie una causa judicial. No hay imputación de delito, pero son demorados y quedan fichados.

Por eso, porque en el fondo, cuando se habla de los derechos privados no hay países ni fronteras, y tampoco ley justa que las policías respeten, hoy más de cincuenta ONG nucleadas dentro del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, realizarán una movida en Twitter que alcanzará al mundo, y volverán a proponer el autocultivo como derecho, y como una medida para garantizar el acceso a la planta y un posterior apoyo en clubes sociales para el cultivo de cannabis, replicando modelos que ya funcionan en países como Canadá, Uruguay, Bélgica y España. Pero que a la luz de la realidad de países como Argentina, parecen lejanos. ♣♣♣

#PA.