El macrismo ingresa a un laberinto judicial

El macrismo ingresa a un laberinto judicial

Por Florencia Guerrero


A un mes de las primarias y con la posibilidad de un cambio de panorama político, la Justicia hace lo que es menester: adaptarse para sobrevivir. De Darwin a lo que asusta a Mauricio Macri.

Todos buscamos equilibrio. Darwin lo explicó bien, el de la adaptación al medio es uno de los mecanismos humanos por excelencia y consiste en “un ajuste del organismo al medio ambiente, del órgano a sus funciones”, con el fin de ponernos en equilibrio con lo que nos rodea –no siempre enfrentamos situaciones amigables–, y con las circunstancias. Ocurre hasta el hartazgo en la vida diaria de cada uno y particularmente es apreciable en instancias sociales. En estas cosas debe pensar la señora de las balanzas, tan críptica ella, que lleva décadas adaptándose a los ciclos gubernamentales y sus demandas, y que en estos días representa una de las principales amenazas para el gobierno jaqueado de Cambiemos.

En estos cuatro años, además del desfile kirchnerista por Comodoro Py y las detenciones que –curiosamente– muchas de ellas están quedando sin efecto, hubo una serie de causas que apuntaron al presidente y sus funcionarios, que parecieron reposar en un stand by, una temporada sabática que parece al borde de terminar. Entre las causas que prometen un retiro agitado a Mauricio Macri, hay varias investigaciones por corrupción y en cada una se engendra una batalla latente, como en la naturaleza.

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Lo primero es la familia

De sangre italiana, el presidente es todo lo que está bien a la hora de honrar a sus afectos, o por lo menos eso estudia la Justicia en una causa en la que el juez Federal Ariel Lijo investiga al Clan propietario del Correo Argentino y la posible aceptación por parte del Ejecutivo nacional de una deuda de la empresa que pertenecía a los Macri. Hace algunas semanas, el magistrado ordenó un peritaje clave para establecer si el acuerdo fue abusivo y por la misma causa hay una denuncia en la Oficina Anticorrupción que aparentemente Laura Alonso prefirió no seguir, el un raid de flexibilidad que en estos años alcanzó límites insospechados, porque la República será selectiva o no será.

En sintonía con el amor a los suyos, en julio el fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de Estado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, en una denuncia por beneficiar con casi 500 millones a –curiosamente– el Grupo Macri con el pago millonario al Grupo Concesionario Oeste (GCO). En la misma maniobra se renegoció una prórroga por doce años en la concesión y se abrochó el aumento del 400% en los peajes. En esa causa que impulsaron varios legisladores de la oposición, también fueron imputados el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el exministro de Energía Javier Iguacel, recordado por los exitosos tarifazos que están sacando al país adelante.

Antes, Margarita Stolbizer había intentado impulsarla, pero todo durmió en el sueño de los pobres tras el archivo del expediente por parte del juez Federal Daniel Rafecas. En el albertismo confían en que el cambio de aire impulse ahora el velero de Canicoba Carral.

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Verde que te quiero, verde

Los parques son sitios de esparcimiento y recreo, pero los eólicos sólo han generado fuertes dolores de cabeza al presidente. La causa que instruye el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, por los parques eólicos donde, sin licitación, se habría beneficiado a la familia presidencial que vendió los parques a Genneia y Goldwind y se alzó con la suculenta suma de 20 millones de dólares. Una ganga en la que se habrían utilizado empresas fantasmas creadas por SIDECO Americana SA, a la que se sumó Rainbow Finance –una off shore radicada en Luxemburgo–, relacionada con Víctor Payaslian, el contador vinculado a Gianfranco Macri, primo del presidente, también beneficiado por el blanqueo de capitales que propició Cambiemos.

¿Quién no daría todo por los suyos, no? Por eso cuando el diputado Felipe Solá se presentó ante la Justicia para denunciar la legalización del blanqueo de capitales –un invento que liberó de culpa y cargo a los poseedores de dinero proveniente de actividades inexplicables–, el presidente volvió a temer. Por suerte para él y sus amigos, la jueza María José Sarmiento desestimó el pedido, rápida como transacción bancaria.

Otro primo que está en la mira fue Ángelo Calcaterra involucrado en una denuncia por supuestas coimas en la negociación del soterramiento del tren Sarmiento. El juez Martínez Giorgi procesó por este tema a funcionarios kirchneristas como Julio De Vido y Roberto Baratta y sobreseyó al familiar del presidente, aunque la decisión tuvo un giro dramático cuando hace unos meses la Cámara Federal anuló las decisiones del juez y todo volvió a empezar. Si los pronósticos electorales son propicios para el Frente de Todos, desde diciembre podría escribirse un nuevo capítulo de corrupción, esta vez M.

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Un pesito para la campaña

Fue un verdadero escándalo, que Cambiemos logró campear momentáneamente. La causa de los aportes tiene ya un recorrido importante e incluye a beneficiarios de planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja, trabajadores y hasta jubilados, que “aportaron sin saber”, con importes irrisorios para las campañas presidencial de Macri en 2015 y las legislativas de 2017. En este marco, el camarista Martín Irurzun, como presidente de la Cámara Federal, apartó al juez Federal Sebastián Casanello y desde entonces el expediente pareció descansar en paz.

Pero tal vez por el cambio de oxígeno reinante y con el resultado de las PASO ya en mano, el fiscal Federal Jorge Di Lello volvió a agitar el fantasma del “esclarecimiento”, con una nueva investigación preliminar que le remitió al juzgado electoral de La Plata. De PROsperar, la más preocupada sería la gobernadora María Eugenia Vidal, porque preside el partido en el ámbito bonaerense, de donde proviene el grueso de los denunciantes.

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La estampida final, aun no llegó  

Entre las novedades jurídicas que prometen un extenso desfile de funcionarios, está una suculenta investigación que abrió la fiscal federal Paloma Ochoa –conocida en 2018 por  imputar a Laura Alonso por no investigar “el conflicto de intereses” de la causa que encastraba al presidente con el Correo– abrió una investigación para detectar si post PASO el Ejecutivo ordenó al BCRA dejar que el dólar se dispare, unas horas antes de que el presidente de todas y todos los argentinos saliera a culpar al resultado de las elecciones de lo ocurrido en el mercado cambiario, aquel lunes negro.

“El presidente dijo que el dólar se vaya a donde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar”, había dicho esa misma semana post PASO, el financista Martín Redrado, con base en esa declaración, y teniendo en cuenta la denuncia formal de una ONG, la fiscal inició una causa penal, y pidió a Canicoba Corral que pida información sobre los manejos del Central en relación al acuerdo rubricado con el FMI, que autorizaba la intervención del mercado cambiario con 250 millones de dólares por día, si la moneda superaba la cotización de $51,45, algo que en aquella jornada no se hizo. El dictamen dejó en la cornisa a Macri, Marcos Peña, Guido Sandleris, y el renunciado, Nicolás Dujovne.

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Adaptación o no, esa es la cuestión. Mientras Vidal llora en su fuero íntimo por una posible derrota y el aluvión de problemas por venir, el que más complicado está parece ser el propio presidente, que deberá explicar varias cosas ante la Justicia. Entonces habrá que ver si la doctrina Irurzun le parece tan grata: Aquella por la que en 2017 se propiciaba la detención de exfuncionarios que “por sus contactos, lazos o relaciones creadas” pudieran entorpecer investigaciones judiciales.

De cumplirse con esta premisa, incluso Macri, sin fueros a la vista, podría terminar detenido “por las dudas”. Una imagen poco creíble, la del primer mandatario tomando ¿mates? –la imaginación tiene límite en el proletariado–, en el pabellón VIP de Marcos Paz. Habrá que ver si la adaptación de la Justicia llega a tanto, por ahora, el GPS está “recalculando”.   ♣♣♣

#PA.

Sábado 26 de octubre de 2019.