Dolores de cabeza para Luis Miguel

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Por Florencia Guerrero


Una mujer reclama su herencia, pero para la mayoría de los medios la pelea es política. Y vaya si lo es, porque una mujer pelea su parte y avanza, aunque la tradición lo prohíba y los nombres en el pasamanos de tierras sean encumbrados.


Hubo un tiempo en el que, rodeados de sus vacas y sus plantaciones, los dueños de la tierra decidían, además de por el país, sobre la vida de otros: Los empleados y sus familias a los que casi siempre reducían a la servidumbre. Eran los patrones de estancia de antaño, que también elegían si las mujeres de “sus familias” debían casarse o quedarse a cuidar a los padres ancianos. Tiempos lejanos, en los que ellas no tenían voz ni voto, aunque a la luz del conflicto dentro de la familia Etchevehere, esos métodos no parezcan tan distantes.

“Por el hecho de ser mujer, a priori, me ubicaban en un lugar de ‘¿qué estás reclamando?’. Ni intelectualizan, directamente descartan, ponen a la mujer en un lugar de una persona que molesta”, contó ayer Dolores Etchevehere a los medios que la acompañan, mientras está instalada en la finca entrerriana Santa Elena que es objeto de la disputa familiar. Rodeada de campesinos que integran el proyecto cooperativo Artigas, la única mujer de tres hermanos, con los que hace años pelea por su patrimonio; una herencia que hasta hace meses parecía haber logrado quitarle, el ex presidente de la sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.

Vale recordar que cuando el homónimo del baladista mexicano entró al gobierno macrista como ministro de Agroindustria de la Nación, el 31 de octubre de 2017, ella aseguró a los pocos medios que le dieron espacio, que el hecho le parecía “gravísimo”, en ese entonces tenía 17 causas judiciales en curso en su contra y contra sus hermanos por evasión, lavado de dinero y trabajo esclavo.

“Muchas veces a las mujeres nos corren hacia el lugar de la confusión, para debilitarnos, generar una situación de debilidad. Es un modus operandi. Nos atacan y piensan descartarnos, eliminarnos. Me han pasado cosas tremendas, que siempre he callado, para mantener una línea”, explicó la denunciante a última hora del viernes, ya con la certeza de que el juez subrogante, Raúl Flores tomó medidas de protección hacia su persona, amenazada por Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, desde la entrada de la finca, acompañados por cientos de chacareros “convocados” por WhatsApp.

“Estoy contenta por el fallo, es un comienzo para sacarle el velo a esta situación. No hay títulos que acrediten la propiedad a ninguno de los coherederos”, aseguró en relación al predio que es eje de una disputa por un juicio sucesorio, que durante el gobierno de Mauricio Macri no avanzó.

Y es claro que el hecho explotó a nivel nacional porque tomó el cuerpo de una verdadera guerra política, en la que para algunos medios todo se dirime en un versus entre Etchevehere y Grabois. ¿Y la denunciante?

Estigmatizada desde la prensa como una “loca” a la que un grupo de militantes lleva de las narices. Borrada de los títulos y de su propio reclamo. Expuesta como si tomara un terreno que, en principio, es de su familia.

No es fácil tener voz propia siendo mujer en un mundo donde las botas masculinas pisan fuerte. Hace años lo dijo desde la Federación Agraria Mónica Polidoro, que finalmente se organizó con otras que decidieron desafiar la lógica machista de la actividad agropecuaria y a pesar del correr del tiempo, enfrentan las dificultades propias de esa enorme afrenta.

Tal vez por eso la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal, que lidera, publicó esta semana un comunicado fijando posición: “Denunciamos las maniobras mafiosas que parte de la familia Etchevere está ejerciendo sobre los compañeros que se encuentran en el Proyecto Artigas, en la Estancia Casa Nueva, en Santa Elena, departamento La Paz, Entre Ríos. Dolores Etchevere, es dueña de las tierras. Denunciamos el hecho porque la actitud y la mentira de los familiares de Dolores pone en riesgo la integridad física de nuestros y nuestras compañeras, además de la continuidad de un proyecto que pondera un modelo de alimentación justo y soberano”.

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Un campito con “historia”

Los conservadores entrerrianos lo miran de reojo, pero este fin de semana Juan Grabois descansa junto a los invitados de la CTEP, por la dueña de Santa Elena, un terruño que perteneció a la colonia inglesa hasta que en 1973, cuando Juan Domingo Perón volvió al país, vendieron todo por miedo a ser expropiados, el fantasma de los “cabecitas negras” siempre desveló a los terratenientes.

Entonces el frigorífico y sus miles de hectáreas pasaron a manos de propietarios santafesinos hasta que con la vuelta de la democracia, en 1983, el gobernador radical Sergio Montiel estatizó el predio y armó un Holding con otras empresas locales, con el único objetivo de exportar.

El modelo le sirvió a la provincia, hasta que el electo sucesor Jorge Busti en 1987, empezó a deshacerse de partes del emporio: vendió por partes a empresarios brasileros, entrerrianos y hasta el empresario de medios Fernando Sokolowicz -en ese momento dueño de medios regionales-, se hizo de algunas oficinas en el microcentro por medio de un crédito contraído en el banco de esa provincia que nunca pagó y terminó absorbiendo la idem. En toda esa movida fue asistido por Alberto Garamendi, que hoy oficia como asesor del gobernador Gustavo Bordet, en extremo moderado en estas semanas.

En ese contexto, y sin ninguna traba legislativa dado que, al ser un Holding se manejaba como una empresa privada, los Etchevehere compraron las 850 hectáreas de ubicación selecta a precios realmente “acomodados”. Así se repartió el patrimonio de Entre Ríos, en pleno uno a uno.

Pero faltaban tierras por repartir, y la familia Etchevehere las quería. Así fue que en 2003, unas 350 hectáreas de las 500 que pertenecían a la escuela agrotécnica provincial se les entregaron. En aquella transacción los medios locales mencionaban al gobernador Busti, pero sin olvidar a sus ministros Sergio Urribarri (Gobierno), Gustavo Bordet (Acción Social) y Diego Valiero (Economía), como los que laboriosamente vaciaron el Estado.

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Una grieta extraña

Desde que el conflicto de la familia Etchevehere estalló, los medios nacionales aficionados al lenguaje de la grieta dibujaron un panorama en el que Dolores no existe. Es el campo vs el gobierno, en Luis Miguel vs Juan. Es una pelea de señores.

En el medio, la heredera de los Etchevehere reclama su parte, y no el 12,5% que le dieron los hermanitos con anuencia de su madre, tras la muerte del patriarca de la familia. Ella denunció que con su plata, los otros tres conformaron una sociedad anónima que la excluye, para lo cual según declaró, falsificaron documentos y su firma.

Tal vez por eso esta semana se la escuchó decir: “Mi nueva familia es el proyecto Artigas”, que desde la CTEP ahora la acompaña, por sus tierras, mientras Luis Miguel reclama en los medios ejercer su derecho a la propiedad privada, olvidando como su familia se hizo de ellos y que formaban parte del erario público de la provincia.

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La justicia es importante pero no tan importante

Pero volviendo al fallo del juez Flores, en el que pondera la Ley de Violencia de Género, y reclama a los tres hermanos y a su madre, Leonor María Magdalena Marcial Barbero de Etchevehere, que haya paz.

“A partir de este momento no podemos realizar declaraciones radiales, televisivas ni por redes sociales que perturben a los usurpadores”, escribió en las redes sociales el exministro de Agroindustria, tras recibir la resolución. Es que el magistrado dispuso que “cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio hacia Dolores y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del establecimiento rural Casa Nueva junto a ella, por cualquier medio y por sí o por interpósita persona”, y le prohibió el acercamiento al casco del establecimiento rural Casa Nueva. Algo que no cumplieron, porque la República son ellos, no el otro y sus derechos. Como siempre, para los varones, dueños de los alambrados. ♣♣♣

#PA.

Sábado 24 de octubre de 2020.
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