Chile mueve la ola para que sea ley

Chile mueve la ola para que sea ley

Por Florencia Guerrero


Esta semana podría ser crucial en el primer paso para el debate sobre una ley de irrupción voluntaria del embarazo en el país vecino. Las leyes que no se aplican, las niñas madres por un sistema machista y América Latina con las venas abiertas y pulso feminista.

Cada país atraviesa sus propios procesos. Mientras en Argentina la lucha por garantizar los nuevos derechos de miles de mujeres no termina, y en la nueva etapa post aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo sumará esta semana un nuevo capítulo cuando bajo el lema “comenzó la resistencia provida” diferentes grupos celestes que se oponen a la ley 27.610 eleven un petitorio en las gobernaciones de cada provincia para que, entre otras cosas, se obligue a la mujer que decidió abortar a ver una ecografía del feto; otros países Latinoamericanos empiezan a dibujar en los próximos días su propio camino.

En lo inmediato, en Chile desde el miércoles la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara Baja comenzará la temporada estival de debates con lo que promete ser la acalorada discusión de un proyecto de ley que también busca para las habitantes del país vecino despenalizar el aborto, hasta la semana catorce de gestación.

En un avance por etapas, ya en 2017 las chilenas lograron la interrupción del embarazo en tres causales. Ahora las diputadas Karol Cariola, Camila Vallejo, Natalia Castillo, Daniella Cicardini, Cristina Girardi, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Maite Orsini, Camila Rojas y Gael Yeomans, autoras del nuevo proyecto intentarán que avance en la comisión, a la que también fue invitada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

“Lo que pasó en Argentina es super importante para nosotras, para dar impulso acá al debate. Sabemos que no será fácil, pero vemos lo que pasó allá, donde nuestras compañeras fueron consistentes, incansables en presentarse una y otra vez ante el parlamento”, analiza en diálogo telefónico con #PuenteAereo Gloria Maira, de la Mesa por el aborto chilena, una organización muy activa que desde hace años trabaja por el cambio cultural en el país trasandino. “Sabemos que vamos hacia la liberalización del castigo de las mujeres por hacer uso de su autonomía reproductiva, tarde o temprano va a llegar nuestro turno, aunque sabemos que los procesos aquí tienen un cariz diferente, estamos en medio de un proceso constituyente”, analizó.

Es precisamente en esa sintonía que parte del movimiento feminista chilena se apoya para soñar con el gran salto verde: En octubre del año pasado una mayoría abrumadora votó por el “si” en el plebiscito que proponía terminar de una vez por todas con la Constitución del Pinochetismo. Una nueva carta magna aumenta la expectativa de poder incorporar derechos sexuales y reproductivos que reconozcan la autonomía sexual de las personas, de las mujeres y cuerpos gestantes.

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Ni un paso atrás

Con la promulgación de la ley de interrupción del embarazo por tres causas las chilenas sintieron que daban un gran paso: Por eso desde hace tres años se las habilita a abortar por peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. El último informe sobre la aplicación de la ley IVE que reportó el Ministerio de Salud chileno dijo que entre 2017 y 2019 casi mil mujeres se realizaron un aborto apelando a la normativa. Antes de ser promulgada, la ONG Miles informó que entre 166 mujeres fueron condenadas por el “delito de aborto”.

Pero una vez que la legislación vio la luz, los problemas para implementarla se multiplicaron y tanto las organizaciones feministas como activistas de derechos humanos denunciaron desde entonces una seguidilla de trabas que van desde la falta de información de las mujeres hasta el hecho concreto de que más de la mitad de los obstetras del sistema público se declaró objetor de conciencia a la hora de practicar abortos por violación.

Sobre estos puntos críticos la abogada Javiera Canales Aguilera, activista de derechos humanos en Miles —una organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos, capacita a profesionales y judicializa casos de chilenas a las que se les ha negado el acceso a un aborto—, aseguró a este portal que las cifras hasta aquí no son alentadoras: “Entre 2017 y 2020 logramos documentar unos 128 casos de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de niñas menores de 14 años, pero  solo en 2019 hubieron 647 niñas de entre 10 y 13 años que entraron a un programa de atención prenatal, con esos datos en la mano podemos estar más que seguras de que el sistema está poniendo trabas al acceso al aborto, que para ellas es un derecho”.

“Falta fiscalización de la Ley, por eso cuando preguntamos ¿Por qué no se aplicó en todos esos casos de violación? Nadie nos da una respuesta, y así el círculo de injusticias subsiste”, confirmó a #PuenteAereo Canales Aguilera que además confirma que con la ONG se contactan a diario mujeres “a las que no las han dejado abortar porque los médicos les dicen cosas como que no tienen cara de violada o ´no te ves afectada´ y basados en eso no las dejan hacer uso de su derecho”, suma Canales Aguilera.

Hasta el 2017, las interrupciones del embarazo estaban totalmente penadas por la ley, según dispuso el gobierno del dictador Augusto Pinochet poco antes de dejar el poder en los albores de la década del 90. Según los expertos en Chile se realizaban anualmente unos 70.000 abortos clandestinos.

Maira, apunta directamente contra los responsables de la atención primaria, para explicar la baja cantidad de abortos admitidos: “En la primera consulta los doctores pueden detectar los casos que están dentro de las tres causales, pero la posibilidad de la interrupción del embarazo no se informa y las mujeres no se enteran que tienen el derecho”.

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Día crucial, primer debate

Desde las 15 del miércoles, Chile podría estar avanzando en una gesta histórica. En ese horario está citada la comisión que discutirá el proyecto que de ser aprobada, modificará el Código Penal.

De toda América Latina, solo Cuba, Uruguay y desde diciembre pasado Argentina, tienen permitida la interrupción voluntaria del embarazo y, además, cuentan con políticas de prevención y seguimiento de la salud reproductiva. En otros países como Brasil o Bolivia, el aborto es legal solo en caso de violación o de peligro de muerte para la madre.

Mientras que en Paraguay, Perú, Ecuador o Costa Rica, solo se habilita cuando peligra la vida de la mujer como consecuencia del embarazo o como producto de la violación a una persona con discapacidad mental.

Las que peor parte llevan son las habitantes de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Republica Dominicana, Haití y Surinam donde el aborto es visto como homicidio y se lo penaliza con cárcel. Según distintos organismos, en América Latina hay entre 6.000 a 10.000 muertes al año por abortos clandestinos.

Por eso Argentina ya prepara su apoyo a las miles de valientes que del otro lado de la cordillera trabajan por sumarse a un movimiento del que ya son carne hace años, pero promete remover viejos parámetros machistas en esta parte del continente, para que por fin las mujeres, de Norte a Sur tengan el derecho a definir el futuro de sus vidas y el destino de su cuerpo. Una vez más, y todas las veces, en chile también #QueSeaLey. ♣♣♣

#PA.