Argentina ante el peligro de su propia Minneapolis

Por Florencia Guerrero

Florencia Guerrero


En cuarentena la violencia institucional creció exponencialmente. Abusos policiales, muertes y aprietes se repiten en todo el país. Varias organizaciones encendieron la alarma frente al estallido social en Estados Unidos. 

Minneapolis ardió de furia por el asesinato de George Floyd, el hombre negro que había sido arrestado y esposado en las calles de esa misma ciudad de Estados Unidos, con una tortura a cielo abierto que se volvió viral.

Los nubarrones de humo negro se desparramaron por las barriadas el jueves pasado, por la mañana, y algunas horas después varias columnas de manifestantes incendiaron la comisaría que para entonces ya estaba vacía. La policía había escapado, conocedora de lo que venía después de las protestas por la muerte de Floyd en circunstancias que no son nuevas para la sociedad norteamericana, acostumbrada al gatillo fácil y los crímenes por razones raciales

La opresión y la injusticia funcionaron como levadura fresca, ante una situación que tampoco es ajena en Argentina, donde durante la cuarentena aumentaron las denuncias por la violencia institucional.  Según un informe de la Coordinadora contra la represión policial (Correpi), más de 40 mil detenidos por violar el aislamiento social, y en la mayoría de los casos la persona que quebrantó la ley no fue notificada y enviada de vuelta a domicilio. El nexo entre los denunciantes es su origen y pertenencia a barriadas pobres.

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A sangre fría

“A Luis lo mató la policía”, desde el viernes 15 de mayo la familia Espinoza, lo dijo a viva voz. El joven tucumano de 31 años, que era padre de seis hijos, se dirigía junto con su hermano, Juan Antonio, ambos a caballo hacia la casa de su madre, en la localidad de Melcho donde nunca llegó.

En el camino los hermanos pasaron por un predio donde se desarrollaba un festival de carreras cuadreras y por esas desgracias del destino se bajaron a observar, hasta que minutos después irrumpió el personal policial que intervino ante la violación del aislamiento obligatorio decretado por el coronavirus. 

En desbande, los efectivos agarraron a Juan Antonio y cuando su hermano intentó explicar la situación, lo tiraron del caballo y lo golpearon en el piso hasta que perdió el conocimiento. Recién entonces, ante la mirada de varios testigos, subieron a un móvil y lo trasladaron por la fuerza a un descampado.

Pero la cosa se ajustó en la reconstrucción de la fiscalía a cargo, porque en el expediente se expone lo que fue un verdadero “operativo descarte”, en el que el trabajador rural fue llevado hasta una comisaría de Monteagudo, donde los peritos encontraron rastros de sangre, y finalmente su cuerpo descartado en el límite con Catamarca. Hasta allí fueron los efectivos pensando que nadie reclamaría a la victima que apareció una semana después, con el balazo de uno de esos garantes de la inseguridad tucumana. 

Para denunciar la violencia institucional, el gobierno habilitó la línea 134, los organismos de derechos humanos alientan también a hacerlo a través de sus redes sociales. 

“Que la violencia no sea pandemia”, pide la Comisión Provincial de la Memoria. Según explicaron en la organización bonaerense, dentro de las situaciones denunciadas a la lista se sumaron lesiones por balas de goma, golpes, allanamientos ilegales, amenazas con armas de fuego, hostigamiento a menores de edad, uso desproporcionado de la fuerza y traslados ilegales a comisarías. “Estos hechos tuvieron como víctimas en su gran mayoría a niños, niñas y jóvenes de los barrios más pobres, y trabajadores informales o desocupados que estaban en la calle para obtener su comida diaria”, dijeron confirmando lo obvio. 

Pero volvamos a Tucumán, donde las fuerzas de seguridad de Juan Luis Manzur no paran de generar información. Desde el inicio de la cuarentena los casos de corrupción los salpican al punto de que tres comisarias fueron denunciadas por exigir el pago de hasta $15.000 a detenidos romper el aislamiento, a cambio de recuperar la libertad. Una ganga. 

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¿Qué pasó con Florencia?

En abril un extraño caso llegó desde San Luis a los medios nacionales, Florencia Moralescirculaba en bicicleta cuando fue detenida en un operativo policial. La terminación impar de su DNI no la habilitaba a hacer las compras ese día. 

Intentó explicar que estaba sola con sus hijos y necesitaba pan, pero no tuvo suerte y fue detenida y trasladada a la comisaría 25 de Santa Rosa del Colara. Pocas de horas después, Florencia apareció muerta en un calabozo de la dependencia policial. Según el parte oficial, “la mujer se había suicidado” porque la encontraron con el cordón de la capucha del buzo anudado al cuello y atado en el otro extremo a la bisagra de la puerta de la celda. 

Hubo que esperar un mes para que la Justicia puntana comunicara el resultado de la autopsia de víctima, donde aparecieron “signos compatibles con la autodefensa”. Además, otros detenidos en la comisaría la escucharon pedir auxilio. Por ahora el caso duerme el sueño de los justos en el despacho del juez Jorge Pinto.

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Quédate en casa

“Ninguna emergencia sanitaria respalda el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad que en esto meses creció exponencialmente en todo el país”, confirmó a #PuenteAereo María del Carmen Verdu, abogada de Correpi. Un dato judicial le da la razón: En abril, una jueza de Chubut falló a favor de un habeas córpus colectivo, exigiendo a la provincia de Chubut que frene los abusos policiales. 

Nada extraño, en un país donde reinó la tristemente conocida “Doctrina Chocobar”, digna del estado de excepción, pero en una democracia donde el expresidente Mauricio Macri abrazó al policía bonaerense fusilador y le dijo “usted es un héroe, necesitamos más policías como usted”. Tiempos violentos, no tan lejanos. 

Esta semana, ante el oleaje de denuncias contra la fuerza policial, el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic, lanzó un protocolo de intervención para los efectivos, con el objetivo de resguardar derechos y garantías constitucionales y evitar todo tipo de maltrato, hostigamiento o violencia. Aunque parezca un contrasentido, realizaron un programa paso a paso para que un operativo de seguridad no termine en un hecho de inseguridad. Por ahora no está claro si será suficiente para poner fin a décadas de violencia policial, cuyo principal objetivo han sido los pobres.  ♣♣♣

#PA.

Sábado 30 de mayo de 2020.

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