Abuso policial

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Por Lucía Sabini Fraga

Violencia institucional en cuarentena: ¿Quién controla al controlador?

En Argentina, hoy se cumplen 24 días de aislamiento social preventivo y obligatorio: momento desde el cual se estableció por decreto que la población –exceptuando ciertos sectores y responsabilidades– no puede salir a la calle ni permanecer en la vía pública.  La población mayormente entendió por qué y acompañó: la prevención evita mayores riesgos de contagio, por lo tanto de infectados y por lo tanto de muertes. Bajar la famosa curva. 

Como forma de efectivizar la medida no alcanza mayormente con la disciplina ciudadana, también es necesario que las fuerzas de seguridad acompañen con medidas concretas: preguntas, multas, eventuales detenciones. Hasta ahí estamos todos más o menos de acuerdo; si bien la punidad no debería ser el ejemplo de prevención, es realista pensar que en sociedades grandes y complejas como la argentina, se necesita más que buenas intenciones a la hora de concretar una medida tan drástica como la que se decidió desde el Poder Ejecutivo. El problema radica cuando las Fuerzas de Seguridad abusan del enorme poder que de repente les fue asignado con total legalidad de un día para otro. ¿Qué pasa cuando ese control coyuntural de la población deviene en autoritarismo liso y llano? ¿Cuál es el límite del accionar de las instituciones policiales o de seguridad?

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Esta semana un caso estremeció a la provincia de San Luis: una joven de 39 años que se movilizaba en bicicleta en contramano (en aparente violación de la cuarentena), luego de ser detenida y trasladada a una comisaria, apareció muerta en su celda pocas horas después. El caso, que está en plena investigación y que ya mutó de presunto suicidio a “averiguación de causa de muerte” por parte del juzgado multifuero de la localidad Santa Rosa de Conlara, es el extremo de una serie de denuncias que se realizaron a diario durante la cuarentena.

El 23 de marzo un hombre salió de su casa en General Pico (La Pampa) a comprar pan y la policía le disparó con balas de goma en varias partes de su cuerpo, al punto que tuvo que ser hospitalizado. “Salió a comprar pan y cuando iba volviendo observa a un policía parado en la punta de un edificio y sin dar voz de alto o pararlo le apunta y dispara. Él siente el disparo, cruzó la calle y se metió en la casa”, relató indignada la esposa de la víctima.

Desde el inicio de esta experiencia generacional pandémica sin precedentes, comenzaron a asomar (con notable frecuencia) casos de abuso policial en el contexto del aislamiento obligatorio: circularon videos y notas sobre procedimientos indebidos o abusivos. Si bien los incumplimientos de la ciudadanía al APO se dan –algunos de manera bochornosa– en todas las latitudes y rincones del país, las represalias policiales más groseras se observaron en los barrios periféricos y zonas pobres: donde no llegan mayormente los medios de comunicación ni se obtienen buenos abogados. Donde se puede pegar más duro sin que nadie vea: amenazas, ejercicios de sentadillas y saltos de rana, “bailes” en la vía pública; hasta lo que podría ser un intento de homicidio mal resuelto, como el episodio ocurrido el 27 de marzo en un barrio popular de la localidad cordobesa de Bell Ville cuando dos uniformados le disparan con balas de plomo a un joven que se resistió a ser detenido y salió corriendo. “Tirale, matalo”, grita el primero de ellos, “la concha de tu madre, hijo de puta”, se escucha al otro nítidamente en los videos que filmaron los vecinos.

El extremo del vergonzoso destrato son las imágenes del domingo 5 de abril de dos miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando agreden a dos personas en situación de calle en pleno microcentro porteño, que sin oponer ningún tipo de resistencia son empujadas contra un negocio y sus pocas pertenencias, reboleadas por la vereda. Cinismos si los hay, pedirles que se vayan a su casa aquellos que no tienen.

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Si bien, la ministra de Seguridad Sabina Frederic tiene un perfil, un discurso y un proceder ligado al cumplimiento de los derechos de la ciudadanía –y en ese sentido un gran punto a favor para este debate–, eso no quita el tristemente célebre historial de las fuerzas incluso en épocas democráticas y sin casos excepcionales como una pandemia que aniquila a los mayores de edad o a quienes una salud vulnerable.

Las Fuerzas de Seguridad encargadas de controlar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria son las mismas que había antes de la pandemia: según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) la represión institucional se cobró la vida de  al menos 400 personas durante el 2019. Esos datos incluyen a las policías provinciales (47%), al servicio penitenciario (37%), Policía Federal (8%), Gendarmería (1,5%) y otras instituciones; mientras que las modalidades más frecuentes de muerte  bajo estas circunstancias refieren a personas detenidas (48,14%) y gatillo fácil (37,49%).

La APDH (Asamblea Permanente por las Derechos Humanos) viene realizando un seguimiento de los casos denunciados (aunque no siempre penalmente, sino en forma mediática o ante organizaciones de este tipo) sobre violencia institucional durante la cuarentena. Allí contabilizan decenas de casos, mayormente de golpizas e incluso allanamientos sin órdenes judiciales o amedrentamientos varios, en diversas localidades argentinas.

La CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) realizó un recuento similar con informes semanales; entre los casos abordados (gran cantidad en el conurbano bonaerense) se detalla el siguiente: “Silvano, un jubilado de 83 años que fue citado a la comisaría 2ª de Lanús el 25 de marzo, ya que su hija menor de edad había sido arrestada cuando salía de retirar el escaso dinero de su asignación escolar del cajero del Banco Provincia en la estación Lanús. Además de enterarse que, durante la permanencia en la comisaría, la niña y el varón que la acompañaba sufrieron maltratos, debieron desnudarse, lxs ficharon y notificaron de la formación de causa penal, la policía retuvo tanto el DNI del muchacho como el del jubilado.”

En las distintas provincias, la situación no es más fácil. La misma institución denuncia que en la localidad de Güemes (Salta) se produjo uno de los hechos más graves de los últimos días: “La policía local irrumpió en un barrio, disparando armas largas con postas de goma, contra vecinos que estaban en la vereda. Uno de los proyectiles impactó en la cara de una niña de 6 años, que estaba dentro de su casa. Los médicos todavía no han podido determinar si perderá el ojo”.

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Estamos ante un curioso dilema: el difícil laberinto de defenderse de quienes nos controlan para el bien de nuestra propia salud. Solo resta confiar en que cuando termine la cuarentena, no les queden las mañas. ♣♣♣ 

#PA.

Lunes 13 de abril de 2020.
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