Por Bruno Sgarzini
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Colombia tiene un largo historial en el armado de grupos civiles culpables de matanzas y persecuciones. En esta primera entrega repasamos los inicios en la política y las conexiones establecidas por el ex presidente colombiano.
Colombia tiene un largo historial en el armado de grupos civiles culpables de matanzas y persecuciones. Desde sus intestinas guerras entre liberales y conservadores cuando, en el periodo conocido como La Violencia (1825-1958), los segundos armaron a los Chulavitas, un grupo irregular dedicado a matar y perseguir a los campesinos liberales.
El asesinato del caudillo Eliécer Gaitán, famoso por su defensa a los trabajadores masacrados de la United Fruits, detonó la rebelión del Bogotazo el 8 de abril de 1948. También la vuelta a la guerra entre liberales y conservadores en todo el país.
Con familias en las áreas rurales que se armaban, y controlaban, cada región según su pertenencia a cada partido en departamentos como el del Norte de Santander, Valle del Cauca y Boyacá. Una de sus recordadas masacres ocurrió en el pueblo de Ceilán, del Valle del Cauca, por un conflicto de tierras, en la que los Chulavitas (renombrados como Pájaros), junto con el Ejército, mataron, al menos, 300 liberales.
“Cuando parecía que se calmaba la matazón del puente de San Rafael que dejó varios días rojo el río, una tarde se desató un aguacero de balas. De las esquinas del pueblo, del atrio, de la torre, del techo de la alcaldía, de todos lados salía plomo. Los vecinos corrían de un lado para otro, la guardia cívica disparó 80 tiros, los que tenían, y todo el mundo echó para el monte. Hasta los tullidos corrían”, según Pedro Antonio Marín, uno de los pobladores testigo de aquella masacre fundacional del paramilitarismo en el país.
Con Gaitán asesinado se imposibilitaba el acceso al poder de los liberales, y de otros sectores sociales como los trabajadores sindicalizados. Las guerras por la tierra regresaban con las familias tradicionales del campo a cargo del país.
De 1948 hasta 1958, el conflicto continuó hasta que los apellidos con más poder de cada partido firmaron un acuerdo para alternarse en el poder, llamado Frente Nacional . Corridos por el temor de que el General Gustavo Rojas Pinillas se ubicara como el líder que los sustituyera en el palacio presidencial de Nariño con una dictadura dirigida desde la capital, Bogotá.
Más lejos de aquella ciudad, unos años después, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se organizaron en 1964 como un grupo de campesinos necesitados de defenderse del Estado, y los grupos paramilitares en Marquetalia, Tolima. Los acuerdos de paz habían derivado en el asesinato de Guadalupe Salcedo, campesino liberal, y los constantes bombardeos de la Fuerza Aérea de Colombia en los pocos sitios donde los grupos irregulares liberales aún persistían.
En Tolima, los campesinos liberales luchaban por no ser despojados de sus tierras en manos de terratenientes conservadores, dedicados a una lucrativa, pero declinante, producción agrícola y de café, mientras las mismas familias patricias del país se turnaban en el poder por largos años, sin ningún tipo de conflicto.
Según la historiadora Catherine Le Grand, “gracias a los conocimientos jurídicos, y al apoyo de las autoridades, la mayor parte de las tierras terminó en manos de los más ricos. Y durante la época de la violencia, el conflicto por la tierra se aceleró, porque la guerra entre los partidos estuvo marcada por el desplazamiento forzado”. Así, desde un principio, el levantamiento de las Farc estuvo influido por la exigencia de una redistribución agraria, de acuerdo a la revista Semana.
Eran los tiempos donde el presidente Carlos Lleras Restrepo implementaba, con el decreto 3398 y La Ley 48 de 1968, el armado de patrullas civiles por parte del Ejército para luchar contra la guerrilla. Una recomendación hecha infinidad de veces por las misiones militares de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
Unos cuantos años después, en los ‘80, en Colombia sucedieron varios episodios que luego marcarían la historia del país y el paramilitarismo.
Las FARC vivían, por aquel entonces, de cobrar un porcentaje de sus cultivos a los campesinos de sus zonas de influencia, y del pago de secuestros de terratenientes y ganaderos realizados en operaciones comando. Pronto, los cultivos cambiarían a un lucrativo, pero peligroso negocio, y los secuestros derivarían en uno de los grupos más sangrientos de la historia colombiana.
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Narcotráfico y paramilitarismo; la relación de Uribe con el Cartel de Medellín
Un día de julio de 1983, fue asesinado Alberto Uribe Castillo, en su hacienda de Guachara en el departamento de Antioquía, por unos guerrilleros de las FARC, según su hijo Álvaro Uribe Vélez. El traslado del cuerpo por las montañas, y ríos de la anegada propiedad fue un dolor de cabeza, tanto que se rumoreaba que el propio Pablo Escobar había intentado colaborar con un helicóptero.
La necesidad era apremiante porque los guerrilleros habían inutilizado el único aeroplano para entrar y salir de la finca de la familia.
“Al entierro de Uribe Sierra, asesinado cerca de su finca en Antioquia, asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la sociedad antioqueña, en medio de veladas protestas de quienes conocían sus vínculos con la cocaína”, escribió Fabio Castillo en su libro Jinetes de la Cocaína.
Muchos años después, la guerrilla negó cualquier participación en el asesinato de Uribe Castillo, y la embajada de Estados Unidos en Bogotá informó, mediante varios cables, que los Uribe eran parientes de los hermanos Ochoa, miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.
Tres años antes, los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño habían respondido a una carta de las FARC, exigiéndoles pagar el secuestro de su padre, con un reto; “nunca hemos tenido esa plata y si la tuviéramos algún día, sería para combatirlos a ustedes”. De Jesús Antonio Castaño no quedó ni un mínimo rastro por los alrededores de su campo en Amalfi, Antioquia, pero su desaparición, sin dudas, sería un desencadenante.
En poco tiempo, los hermanos Castaño fueron conocidos en Antioquía, también departamento de los Uribe, como líderes de un grupo de autodefensa que liberaba a los secuestrados por los grupos irregulares y buscaban para matar a las personas involucradas en el rapto de su padre. Con el auge de la coca, el Cartel de Medellín crecía y la influencia de las guerrillas, como el M-19 y las FARC, también, gracias al cobro del diezmo a los campesinos productores de coca.
Cansados de los secuestros, Pablo Escobar, junto con los Castaño y los hermanos Orejuela del Cartel de Cali, armó el escuadrón Muerte a Los Secuestradores para luchar contra las guerrillas. Con esta excusa, formaron militarmente a los grupos de autodefensa de sus áreas de influencia con la instrucción del exteniente coronel Yair Klein, por entonces contratista militar privado de Israel.
Su presencia en el país fue por invitación de los “americanos”. Según declaró en una entrevista al diario israelí Maariv, “todo lo que los Estados Unidos no pueden hacer, porque le es prohibido, lo hacen por medio de otros”. Así primero formó en uso de bombas y armamento militar a las milicias de los narcotraficantes, y luego en lo mismo, a los nacientes grupos de autodefensa como el de los Castaño.
Para su trabajo también contó con el apoyo directo del Ejército y otras instituciones estatales colombianas, además del financiamiento de alguien que luego llegaría a ser presidente del país. “Fue uno de los hacendados de la zona, que pagó como todos los hacendados para que yo pudiera hacer en ese momento los entrenamientos. No digo el nombre porque ustedes saben perfectamente quién es“, relataría 20 años más tarde en un juicio contra Ramón Isaza, uno de los líderes paramilitares formados por él.
Era la época en la que un joven Barry Seal piloteaba los vuelos de Southern Air, conocida por ser la aerolínea de la CIA, con destino a Honduras para soltar armas para la Contra nicaragüense. A su regreso, el agente de la CIA repetía la misma maniobra, pero esta vez en Mena, Arkansas, con cocaína del Cartel de Medellín.
Se estima que entre 1981 y 1985, se traficó por estas rutas un total de tres mil a cinco mil millones de dólares, según el libro Los Señores del Narco de Anabel Hernández. Durante dos de esos años, Álvaro Uribe Vélez fue el jefe de Aeronáutica Civil del estado de Antioquia, base operativa del Cartel de Medellín, a cargo de otorgar las licencias para los vuelos, que se llevaban la cocaína que financiaba la compra de armas para la Contra nicaragüense.
Recién salido del puesto, Uribe fue nombrado en 1982 alcalde de Medellín por el gobernador de Antioquía Álvaro Villegas Moreno hasta que el propio presidente Belisario Betancur llamó al mandatario regional. “¿Cómo es posible que tengamos en la Alcaldía de Medellín a una persona que tiene nexos con narcotraficantes?”, preguntó consternado por la información de que el padre de Uribe tenía negocios y fincas con los Ochoa.
Cinco meses después, Betancur removió al gobernador, negado en echarlo, y al ascendente alcalde de Medellín.
Dos años más tarde, la aeronave de su padre, imposibilitada de trasladar su cuerpo luego de su asesinato, fue encontrada en un allanamiento a la finca Tranquilandia con un certificado de compra, aprobado por el propio Uribe en su paso por Aeronáutica Civil.
Comenzaba una guerra, sin cuartel, entre el capo de la droga y el gobierno de Belisario Betancur. También las conversaciones de paz con las FARC en Urabá, que terminarían en el armado de la Unión Patriótica, y el crecimiento de unas autodefensas paramilitares que dejarían pequeños los crímenes de los Chulavitas, narrados al inicio de esta historia. ♣♣♣
#PA.
