Violencia institucional en aumento

Por Marcelo Ameri

Por Fiorella Del Piano


De acuerdo con un informe de la Coordinadora Contra La Represión Policial e Institucional, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se registraron casi 50 situaciones de violencia policial y hubo al menos 12 casos de gatillo fácil.

En los casi 100 días de cuarentena ─debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) declarado el 20 de marzo─ los casos de violencia institucional fueron muchos. El confinamiento colocó a las fuerzas de seguridad en el rol de garante de, valga la redundancia, la seguridad social y el disciplinamiento. Desde entonces, la frontera rígida entre el interior y el exterior, entre el espacio privado y el público, se encuentra acaparada por las fuerzas del orden: policías, militares y gendarmes.

Según el último informe de la Coordinadora Contra La Represión Policial e Institucional (CORREPI), en este período de cuarentena hubo casi 50 reportes de violencia policial, y al menos doce casos de gatillo fácil. El informe mencionado anteriormente, relata que en estos casi 100 días “hubo todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios”.

“Lo que muestran los datos objetivos, es que el gatillo fácil no disminuyó significativamente a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública”, aseguran desde la ONG, y enumeran algunos casos. Entre ellos, el de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo; Gastón Mirabal en Córdoba el 3 de junio; Rubén Sarso en CABA el 27 de abril; Alan Maidana en Berazategui el 24 de mayo; Lucas Barrios en la Isla Maciel el 30 de mayo; Augusto Itaurralde el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendia apenas 48 horas después en Berazategui, o el más reciente, de Facundo Scalzo en el Bajo Flores, CABA. 

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Gatillo fácil y detenciones arbitrarias

La semana pasada, Facundo Scalzo de 20 años, fue asesinado por la gendarmería en uno de los barrios que forma parte de la villa 1- 11- 14. Las primeras versiones intentaron instalar la idea de un enfrentamiento en un tiroteo. Pero los vecinos del lugar pudieron dar otra versión de los hechos e incluso registrar con videos lo que realmente sucedió: no hubo tal intento de robo, ni enfrentamiento, ni tiroteo.

De hecho, la autopsia realizada al cuerpo determinó que el joven fue asesinado de cuatro balazos disparados por detrás: “Dos impactaron en sus brazos y los otros directamente en la espalda”. Así, se confirman los testimonios de los vecinos del Barrio Rivadavia II, quienes negaban la versión del “tiroteo” ofrecida por los tres gendarmes detenidos.

Desde el pasado miércoles por la tarde ─momento del asesinato de Scalzo─ hasta el martes, todas las versiones brindadas por los testigos del hecho indicaban que el joven había sido perseguido por los gendarmes Juan Pablo Ruiz, Jorge Luis Pérez y Diego Arturo Rocha, para luego ser baleado por detrás.  Algo que los imputados negaban.

En esta causa, un dato interesante, es que el pasado lunes los gendarmes Ruiz y Pérez pagaron la fianza fijada en cien mil pesos por la jueza Alejandra Mercedes Allaud y podrán continuar el proceso en libertad. Por su parte, Rocha, señalado como quien disparó el arma que asesinó a Scalzo, seguirá en prisión preventiva imputado por “homicidio calificado”, ya que la jueza entendió que en su caso “se avizora la existencia de un muy alto peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación”.

Sin embargo, todavía no está confirmado que solo Rocha haya efectuado disparos. Las versiones de los vecinos indican que durante el hecho se escucharon más de cuatro detonaciones y que los gendarmes incluso dispararon al aire para ahuyentar a los testigos.

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Nadie se suicida en una comisaría

Otra de las cuestiones que señala el informe, es que el incremento de detenciones arbitrarias “se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías, y también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales”.

En ese sentido, agregan que: “Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, registramos 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles, siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento pudimos confirmar”.

Algunos de los casos de los que hablan en el informe son los ocurridos en San Luis, donde se registraron dos supuestos suicidios en comisarías en medio de detenciones por “violar la cuarentena”.  El 5 de abril, trascendió el caso de Magalí Morales, una mujer de 39 años que apareció ahorcada en una celda de la comisaría de la ciudad de Santa Rosa del Conlara, donde había sido alojada por violar el aislamiento obligatorio. Inicialmente, el caso fue caratulado como “averiguación de suicidio”, pero tras algunas diligencias fue recaratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Otro de los casos fue del de Franco Gastón Maranguello, un joven de 16 años, que apareció muerto en una celda de la Comisaria de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), de la ciudad de Villa Mercedes.  Para enumerar otro caso, podemos recordar el asesinato de Luis Espinoza, quién había sido visto por última vez, cuando él y su hermano fueron atacados por policías de Tucumán que, con la excusa de controlar la cuarentena, reprimían una reunión.

Pero no hay que ir muy lejos para dar a conocer situaciones de esta índole. En las últimas semanas se registraron distintos casos de abuso de autoridad, uno de ellos fue la golpiza que la Policía le propinó a un grupo de vecinos en Isidro Casanova (La Matanza) o el idéntico proceder contra una familia en el Barrio Ameghino de Mar del Plata. O la del pasado sábado, cuando alrededor de las nueve de la mañana, una comitiva del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en una casa de Rawson al 1800 de Villa Albertina, en Lomas de Zamora, a partir de una orden de allanamiento pedida por el fiscal Carlos Baccini de la UFI 15, con el pedido de recuperar electrodomésticos robados de la Escuela Secundaria N°26. El resultado fue un nuevo caso de uso irracional de la fuerza: irrumpieron en la casa equivocada y balearon con postas de goma a un adolescente de 17 años en la cara provocándole la pérdida de un ojo.

Según el relato de Nelson Cabrera, padrasto de Ignacio, para La Garganta Poderosa, “(A Ignacio) le tiraron a matar sin dar la orden de alto ni intentar reducirlo, directamente le reventaron el ojo derecho, provocándole la pérdida definitiva de la visión”. La investigación del accionar de los efectivos quedó en manos del fiscal Sebastián Bisquert de la UFI 8 de Lomas de Zamora Especializada en Violencia Institucional.

Podríamos extendernos en el relato de episodios similares que no muestran otra cosa que la exacerbación de la violencia policial y de otras fuerzas de seguridad en los barrios. Violencia institucional que se multiplica. Los hechos enumerados no son aislados. Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, tanto el Gobierno nacional como los Gobiernos provinciales, les han dado piedra libre a las fuerzas represivas para hacer todo lo que esté a su alcance en aras de garantizar la seguridad social.

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¿Cómo llegamos a esto?

Durante la gestión Cambiemos aparecieron la Doctrina Chocobar y las resoluciones represivas de la ministra Patricia Bullrich, particularmente la Resolución 956 que autorizaba a fuerzas de seguridad a disparar sin dar la voz de alto y sin que medie agresión directa previa. La consecuencia es conocida por todos: un incremento histórico de los casos de gatillo fácil y de la brutalidad policial, en todo el país.

Al asumir el actual gobierno, la sucesora de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Sabina Frederic, anuló las principales resoluciones de quien la precedió en el cargo. Sin embargo, la militarización de las barriadas populares nunca se detuvo.

De hecho, en el último mes se han visto diferentes situaciones que no hacen más que atizar a las fuerzas de seguridad. El teniente coronel del Ejército y actual ministro de Seguridad Sergio Berni, es protagonista de algunas de ellas. En su interna con la ministra Frederic, agita un supuesto “abandono” del Estado nacional a la provincia y la necesidad de incrementar el número de los efectivos de las distintas fuerzas en suelo bonaerense con el argumento de enfrentar la inseguridad. En nombre de ese “combate” se le otorga cada vez más poder discrecional a las fuerzas represivas. El mensaje es claro, seguir impartiendo mano dura.

En este momento, todo parece justificarse por la pandemia. La vida cotidiana se encuentra bajo observación y control permanente. Y con ello, los abusos de autoridad, están a la orden del día. ♣♣♣

#PA

Jueves 25 de junio de 2020.

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