Sobre el peligroso virus del ciberpatrullaje

Por Fernando Oz

Por Fernando Oz


Fue duramente criticado durante el gobierno de Cambiemos, ahora volvió para quedarse de la mano de quienes antes lo defenestraban como práctica de control. Las excusas de Frederic. El tentador uso de la tecnología como arma política.

Las medidas extraordinarias de restricción de las libertades individuales como forma de profilaxis ante el avance del COVID-19 podría traer serias consecuencias a las democracias. La extensión en el tiempo de políticas de control y vigilancia representa un mal augurio, al igual que la imitación de las prácticas de control social que desde hace años se desarrollan en países totalitarios y que ahora comienzan a florecer en todo el mundo, como una suerte de anticuerpo frente a la pandemia, pero que en realidad no es más que un placebo al miedo.

Esta semana la ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederic, defendió sin vacilar la política de “ciberpatrullaje” que lleva adelante el gobierno para “detectar el humor social” y generar “alertas tempranas” con el fin de “prevenir diversas situaciones”. Frente al oleaje de la siempre atenta oposición, la funcionaria no tuvo mejor idea que retrucar diciendo que se trata de una “modalidad de la ciberseguridad” que utilizó el gobierno de centro derecha de Mauricio Macri.

Nadie podría dudar de las buenas intenciones de Frederic, tampoco se puede decir que ella comulga con las ideas de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero otorgar herramientas a las fuerzas de Seguridad para poner bajo la lupa el “humor social” podría resultar peligroso, más en un país con un extenso prontuario en materia de violaciones a los derechos humanos.

El férreo control político del accionar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad fue una de las características de los gobiernos del matrimonio Kirchner. Sin embargo, aquel hecho no impidió que Gendarmería Nacional implementara el polémico “Proyecto X” para sondear el “humor” de políticos, sindicalistas, dirigentes sociales y periodistas. Tampoco se pudo hacer demasiado frente a trapisondas del propio aparato de inteligencia del Estado.

La utilización de tecnología para realizar tareas de espionaje bajo el paraguas de la amplia terminología que engloba la “inteligencia criminal”, y la apacible anuencia de integrantes del Poder Judicial, funcionó como una camuflada arma de guerra política. Los repetidos casos de Lawfare en Latinoamérica, destinados a esmerilar y luego voltear de manera elegante a gobiernos de centro izquierda, no hubiesen podido avanzar sin la anterior legitimización de conceptos como “investigaciones preventivas”, “policía de proximidad”, “inteligencia criminal”, y una serie de eufemismos que se volvieron cotidianos y no extraordinarios. 

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Frederic, en declaraciones a la radio Futurock, aseguró que el “ciberpatrullaje” es “un monitoreo sobre lo público” en donde se rastrean “palabras claves” en mensajes publicados en redes sociales; como por ejemplo el término “saqueos”, con el fin de prevenir posibles situaciones de este tipo en medio de la emergencia sanitaria.

La ministra aclaró que esas acciones “preventivas” no implican en “ningún caso” hacer “indagaciones sobre las personas” y también negó que se controlen mensajes en los que se convoque a cacerolazos de protesta contra las autoridades. “El objetivo de hacer una supervisión de las redes es identificar la posible comisión de delitos, y en caso de que los identifiquemos dar intervención a la Justicia”, afirmó la funcionaria.

A menos que se trate de un estúpido, resulta difícil que alguien que trame un saqueo, el robo de un banco, o el contrabando de una tonelada de cocaína vaya a utilizar “palabras clave” en redes sociales para llevar adelante un acto delictivo. De poco sirvió el “ciberpatrullaje” en zonas de conflicto como Irak o Afganistán, donde las tropas invasoras aprendieron en carne propia que la planificación de atentados, secuestros y ataques se transmitía de boca en boca y sin la necesidad de utilizar “palabras claves”.

“Para conocer el humor social, haga una encuesta, ministra”, le recomendó a Frederic, desde su cuenta en Twitter, la presidenta de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Delia Ferreira. También dijo que el “ciberpatrullaje” es una práctica “lamentable”, equivalente a una “vigilancia de la opinión” y orientada a provocar la “autocensura o el silencio de los críticos”, “entre otros usos políticos”.

Por otra parte, resulta lógico que en una situación de emergencia el Estado busque herramientas para administrar la incertidumbre. También es entendible que un gobierno elegido a través del voto popular tenga la potestad de limitar temporalmente libertades en momentos de crisis. Pero todo aquello debe ser bajo un estricto control de los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y Judicial.

Dejando de lado las posturas demagógicas y el aprovechamiento político de los legisladores del aglomerado de Juntos por el Cambio, es comprensible que exista un listado de dudas sobre el objetivo, aplicación y eficacia del “ciberpatrullaje”. La ministra debería aclarar muchas cosas que no dijo durante su maratón mediática.

¿Ustedes se imaginan qué podría pasar si los encargados en “detectar el humor social” son los mismos que instruyeron a los policías bonaerenses que hace unos días reprimieron a tiro de postas de goma a un puñado de trabajadores de un frigorífico en la localidad de Quilmes? ¿Qué pasaría si los rastreadores de “palabras claves” son los mismos gendarmes que le obsequiaron a Patricia Bullrich un sable gravado con la frase clave “no voy a cometer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana”?    ♣♣♣

#PA.

Sábado 11 de abril de 2020.

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