Detienen a policías por un crimen en Tucumán

Por Lucia Sabini Fraga

Por Lucía Sabini Fraga

Entre tantos hechos que sacuden la vida social, económica y política de nuestro país, algunos son dignos de destacar por su magnitud, simbolismo o gravedad institucional. En Tucumán una muerte a manos de la policía provincial en plena cuarentena vuelve a hacer sonar todas las alarmas. El viernes fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Armando Espinoza, un joven trabajador rural que permanecía desaparecido hacía una semana. El cadáver estaba envuelto en bolsas de basura y fue arrojado a un descampado en la localidad de Alpachiri, territorio catamarqueño pero a escasos metros del límite con la provincia de Tucumán. 

La desaparición del joven había llamado la atención no solo de la familia, sino de las organizaciones de derechos humanos que alertaron el contexto: el viernes 15 de mayo, Luis Espinoza –de 31 años y padre de seis hijos– se dirigía en caballo junto a su hermano Juan Antonio luego de ambos cobrar su salario, hacia la casa de su madre (en la localidad de Melcho) cuando fueron interceptados por un grupo de policías que los acusaron de estar violando el aislamiento preventivo social obligatorio.

Los uniformados pertenecían a la comisaría de Monteagudo y estaban realizando un operativo policial sobre un predio que desarrollaba carreras de caballos (actividad no permitida hasta el momento) cuando sorprendieron a los hermanos que pasaban por el lugar. En el entrevere, según declaró Juan Antonio Espinoza, a Luis lo golpearon en el piso y lo arrastraron hacia el interior de un vehículo, mientras se efectuaban disparos y antes de que el testigo quedara inconsciente por un golpe recibido. A partir de allí nada se supo de Luis. 

En un comunicado que circuló por aquellos días (al que adhirieron la APDH y el CELS, entre otros organismos) se detallaban aspectos de la situación, al tiempo que se responsabilizaba a las fuerzas de seguridad por el caso; exigiendo al gobierno provincial –y sobre todo a la Justicia– rápidas respuestas. Allí señalaban que la comunidad se puso en alerta y que “más de 300 personas voluntarias del lugar han acudido en estos cinco días a ayudar al rastrillaje en la zona”. Un dato para nada menor, es el hecho de que la familia de Luis, que se constituyó prontamente como querellante, “tuvo que hacer cortes de ruta para que se procediera a la búsqueda de Luis Armando, sin contar que cuando fueron a la comisaría ese mismo día no le tomaron la denuncia respectiva.”

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Luego de que los sospechosos comenzaran a declarar, el entramado de silencio comenzó a resquebrajarse. Con la aparición del cuerpo, se dio lugar a la autopsia realizada este sábado por la noche, donde se confirmó que Espinoza recibió un disparo de arma de fuego: aún resta saber si esa fue efectivamente la causa de muerte.

La fiscal Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía de Instrucción I del Centro Judicial de Monteros, se hizo cargo de la investigación y ordenó un allanamiento en la comisaría de Monteagudo, donde los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) buscaron rastros de sangre con reactivos químicos y con la ayuda de perros rastreadores. Una hipótesis que cobra cada vez mayor fuerza es que el hombre fue trasladado a la sede policial aún con vida. 

Hasta ahora se actuó con cierta celeridad: la denuncia pronta y el apoyo de organismos e instituciones sirvieron como palanca de presión para comenzar a clarificar el ya confirmado caso de violencia institucional. A pocos días del hecho, ya habían sido detenidas diez personas, entre ellas ocho policías de Tucumán, dos de los cuales fueron quienes aportaron los datos para lograr el hallazgo del cuerpo. Y el lunes 18, según explicó el secretario de Seguridad Luis Ibáñez, ya fueron pasados a disponibilidad 9 de esos detenidos. “Esa decisión se tomó incluso antes de la detención solicitada por la Justicia, con el objetivo de mantener la mayor transparencia posible y garantizar que la investigación se desarrolle sin obstáculos”, explicó el funcionario y retrato la agencia Télam

La aclaración suena pertinente: no sería la primera vez que la institución policial mueva todos sus dispositivos para garantizar la impunidad en el accionar de sus miembros. Durante la cuarentena, al menos otros dos casos de muertes vinculadas a las fuerzas policiales sacudieron a otra provincia, San Luis: Florencia Morales, quien fue detenida mientras circulaba en bicicleta y apareció diez horas después ahorcada en su celda; y un adolescente de 16 años que fue encontrado de la misma manera, el pasado 25 de abril. 

Por el asesinato de Luis Armando, se encuentran hasta ahora detenidos el comisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas, los cabos José Paz, Claudio Zelaya y Miriam González, el agente Gerardo González Rojas, el vigilante de la zona Sergio Santillán, y otro individuo cuya identidad no trascendió; y que junto con Santillán son los únicos civiles. Tras las indagatorias de los acusados, el juez de la causa, Mario Velázquez, ordenó el traslado de los policías a la cárcel de Villa Urquiza, a excepción de la mujer policía. 

No es menor el antecedente: tanto el cabo Zelaya como el agente González Rojas, fueron señalados como responsables de la tremenda golpiza en una comisaria que le ocasionó la muerte a Alan Andrada, un joven de 20 años cuando salía de bailar, en octubre de 2018. Esa causa se archivó sin imputados.  

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Tucumán, provincia gobernada hoy en día por el médico peronista Juan Luis Manzur del Frente para Todos, tuvo un mes para el olvido. También fue noticia por ser la última en votar (recién el jueves pasado) la implementación de la Ley Micaela, legislación que busca formar y capacitar a las instituciones de los tres poderes del Estado en materia de violencia de género. 

De la mano de funcionarios negacionistas como Ricardo Bussi (hijo del ex represor Domingo Bussi) quien aseguró que no conocía hombres que hayan asesinado a mujeres “por el hecho de ser mujer”, la legislatura tucumana había dilatado un debate a esta altura, más que urgente. Al parecer, todavía le resta un largo recorrido en materia de DDHH al jardín de la república.   ♣♣♣

#PA.

Lunes 25 de mayo de 2020.

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