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“Pepín” Rodríguez Simón y el “Rengo” Pacheco un relato de corrupción, lavado y narcotráfico

Por Mauro Federico


Uno fue el operador judicial más poderoso de la administración Cambiemos sobre cuya cabeza pesa una orden de captura internacional. El otro, es uno de los narcos más poderosos de la Argentina, detenido la semana pasada a quien se lo sindica como cabeza de una organización dedicada a la venta de drogas y el lavado de dinero. Ambos están conectados por un territorio sobre el que desplegaron sus tentáculos: el Mercado Central. ¿Cuál era la relación con los hermanos Torello y los Caputo? Un informe de la Oficina Anticorrupción y varias causas que tramitan en la justicia federal investigan las conexiones entre dos mundos que pueden parecer antagónicos, pero están ligados por los negocios irregulares surgidos al amparo de funcionarios del Estado.

La Corporación Mercado Central de Buenos Aires es un territorio propicio para los negocios. No solo los “lícitos” de los miles de productores que comercializan a diario sus frutas y verduras, sino también los “ilícitos” de quienes lo consideraron un botín político. Desde los tiempos menemistas -cuando Juan Carlos “El Gordo” Piriz y sus matones, liderados por “Batata” Juárez, manejaban las patotas que amenazaban a todo aquel que pusiera en peligro su reinado- este centro de distribución comunitaria albergó a pintorescos personajes, ligados al submundo de las “matufias” locales que controlaban el “mercado paralelo”.

Pero hace un par de décadas, la droga cambió todo el escenario. Al igual que en las barriadas humildes, allí también las bandas criminales comenzaron a financiarse con la venta de estupefacientes y el narcotráfico llegó para quedarse. Los primeros en advertir la situación fueron los propios changarines que trabajan en el mercado. Según varias denuncias del Sindicato de Trabajadores Rurales (STR), durante la administración macrista el Mercado se convirtió en un enclave estratégico para la comercialización ilegal de drogas y armamentos que llegaban a escondidas dentro de los cargamentos. “Las bandas solían utilizar los maduraderos de banana como ámbito para efectuar el traspaso de la mercadería que entra y sale camuflada dentro de los cajones de la fruta”, relató un delegado de la organización gremial en diálogo con Data Clave.

Las naves frutihortícolas se transformaron también en escenario de violentas disputas que arrojaron víctimas invisibilizadas por los medios. “Las muertes se repitieron en los últimos años, hay compañeros a los que les metieron un tiro en la cabeza porque advirtieron maniobras extrañas en su ámbito de trabajo y después tiraban los cadáveres detrás del paredón”, detalló el dirigente consultado.

Y agregó: “estos hechos ocurrieron fundamentalmente entre 2017 y 2019 en los que fueron asesinados al menos doce compañeros en hechos que eran presentados como una riña entre changarines, pero que en realidad se trataba de ajustes de cuentas o represalias porque los pibes habían visto o se habían enterado de alguna cosa rara de las muchas que pasaban acá todos los días y lamentablemente, los que se animaban a denunciar, terminaban presos con causas armadas por la policía o directamente muertos”, completó.

Uno de los que “mandaba” en ese territorio era Javier “El Rengo” Pacheco, un histórico referente de las bandas narco de San Martín, que consolidó su poder tras disputarle el territorio a su archienemigo “Mameluco” Villalba, y expandió sus dominios por todo el oeste del Gran Buenos Aires. “La droga llegaba al Mercado para ser distribuida y las autoridades no desconocían esa situación, Pacheco traía la merca camufalada en cargamentos de tomate dentro de los camiones que ingresaban a las naves, acá nada pasa sin la venia del jefe”, remarcó el referente de los changarines.

“El Rengo” cayó la semana pasada, en un mega operativo que colofonó una investigación judicial de ocho meses, desbaratando una red con aceitados mecanismos para lavar el dinero generado de modo ilícito. A pesar de la resonante y cinematográfica detención de Pacheco, la disputa por el control de la venta de drogas en las calles del conurbano, continuó a sangre y fuego. Esa misma semana hubo un tiroteo en el corazón de sus dominios, la villa 9 de julio, entre los de la villa Loyola, que están copando el territorio del Rengo y los Chazarreta, que controlan el otro paquete de droga de San Martín, con influencias que se extienden hasta José C. Paz y la zona sur.

Pero además de los lugartenientes que caminan los puntos de venta fuera de Loyola para recaudar –entre los que se destacan el “Gangoso” y el “Guachón”, con la colaboración de Yanina y Chanchi– aparecen los eslabones de la estructura que ayudan a blanquear el dinero recaudado. “Las puntas de la investigación muestran varios contactos ligados al mundo del automovilismo que venden facturas a los narcos para justificar ingresos”, explicó uno de los investigadores. En este punto de la pesquisa, los personajes de la trama abandonan los apodos propios de la jerga carcelaria para dar paso a los apellidos dobles y mutan su vestimenta del buzo deportivo y la gorrita, al saco y la corbata.

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Del búnker de falopa, a la cueva financiera

A mediados de 2018, un informe difundido por Canal 26 relacionó a los gerentes del Mercado Central con el cobro de cientos de miles de pesos por horas extras; y con el direccionamiento y sobreprecios en obras dentro del predio. En el reporte periodístico se explicaba también que varios directivos tenían serios conflictos de intereses debido a las actividades privadas que realizaban antes de asumir sus cargos.

Desde su creación, el organismo es dirigido por un triunvirato con representación de Nación, Provincia y Capital. Cuando asumió el macrismo, colocó como presidente de la corporación a Fabián Miguelez, mientras que María Eugenia Vidal ubicó en representación bonaerense a Marcelo Daniel Espinosa; y la ciudad de Buenos Aires hizo lo propio con Maximiliano Vallejos, un ex periodista deportivo vinculado a Fernando Niembro.

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Pablo Torelo y Fabián Miguelez.

“Los que pusieron a Miguelez al frente del Mercado Central fueron los hermanos Torello (Pablo y José María), quienes direccionaban compras utilizando un pool de empresas amigas a través de las cuales recibían montos importantes de dinero vía contrataciones directas, incluso con otros organismos del Estado”, explica uno de los investigadores. “Había una firma encargada de la limpieza –Plusbyte, propiedad de Alejandro Gómez Roca- que fue ampliando su estatuto para ir ganando licitaciones en otros organismos del Estado y que quedó a cargo de los camiones de reciclado del gobierno de la Ciudad, donde su facturación creció desde 2015 un 1500 por ciento y también hizo negocios con otros municipios gobernados por Cambiemos; y todo a pedido de los Torello y de Fabián Rodríguez Simón”, completó la fuente.

“Pepín” Rodríguez Simón José María Torello, fueron dos de los máximos exponentes de la llamada mesa judicial macrista que hoy son investigados por supuestas presiones gubernamentales contra el Grupo Indalo, en el marco del proceso de quiebra de la firma Oil Combustibles. Por esta causa, la titular del Juzgado Federal N°1, María Romilda Servini, pidió la captura internacional de Pepín, quien se había profugado al Uruguay, donde requirió –sin suerte- ser considerado un “refugiado político” y esta semana Interpol emitió una “alerta roja” para acelerar su detención.

Ambos personajes conforman un tándem que nació en el Estudio Llerena y Asociados, uno de los principales de un mundillo tan selecto como restringido. De perfil más bajo que Pepín, Torello tiene un vínculo de amistad con el ex presidente, con quien compartió aulas en el Cardenal Newman. Hoy no efectúa declaraciones públicas y manda a decir que está “retirado”, viviendo en sus campos ubicados en la zona de Bragado.

Su hermano Pablo, surgió a la escena política como uno de los productores agropecuarios que resistieron la Resolución 125 en tiempos de Cristina de Kirchner y se transformó en diputado nacional por el PRO en diciembre de 2015. En varias oportunidades hizo pública su adhesión a la gestión de Miguelez. “El Mercado es uno de los arietes para combatir la pobreza, esta es una pata muy importante y estamos trabajando para lograrlo, tenemos muchos proyectos en conjunto”, sostuvo Torello a fines de 2017.

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La investigación de la Oficina Anticorrupción

En 2018 tras aquel informe de Canal 26, el gerente general del Mercado Central Fabio Fabri, se presentó ante la justicia federal de Morón dispuesto a contar todo lo que sabía sobre las irregularidades detalladas en el programa periodístico y aportó documentación oficial para corroborar sus dichos. Esa denuncia llegó a manos de la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, quien inició una investigación paralela. Acorralado por acusaciones de corrupción, Miguelez renunció a la presidencia de la Corporación a fines de agosto de ese año aduciendo “problemas de salud”.

Muchos operadores frutihortícolas venían denunciando que las autoridades del Mercado los obligan a “acordar” la carga y descarga con un grupo de cooperativas de dudosa procedencia que buscan imponer altas tarifas bajo coacción. “No es un conflicto con los changarines, sino con dos o tres vivos que se apañan en estas cooperativas de sello de goma y usan a los trabajadores al grado de la esclavitud, para luego extorsionarnos a la vieja usanza”, explicó uno de los operadores consultados. En las naves del predio trabajan unos 500 operadores y 22 cooperativas, de las cuales –según un relevamiento efectuado en ese momento por el INAES y el ministerio de Trabajo- solo seis eran legales, el resto tenían irregularidades.

Data Clave accedió al informe de más de 90 páginas con la firma de Alonso, donde se detallan las irregularidades detectadas que incluye un desvío millonario en el Mercado Central a través de “una caja negra”. La presentación de la OA incluye 26 hechos cuya principal responsabilidad recae en Miguelez. “El testimonio de Fabri y la documentación que aportó fueron clave para avanzar en la investigación”, le dijo a este portal uno de los investigadores. “Miguelez designó a cuatro abogados, que fueron los responsables de armar la estructura de la organización para ejecutar las órdenes: Silvana FontanaMaría DuránDaniel Rojek Alfredo Mestre. Estos dos últimos se jactaban de tener reuniones con Rodríguez Simón en oficinas de la Avenida Córdoba para recibir instrucciones, completó la fuente.

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Según pudo constatar la investigación de la OA, durante este período se produjo un desvío de más de 1.400 millones de pesos a través de siete empresas. Todas fueron contratadas de forma directa, sin licitación y, en su gran mayoría, estaban integradas por “amigos” de la Presidencia. Por ejemplo, dos de estas –“El Gran proveedor” y “Solo Alimentos”– fueron creadas en 2016 y pertenecen a Darío Gastón Díaz, un empresario que mantiene un “vínculo de amistad” con Miguelez y con otro personaje de apellido ilustre: Flavio Caputo, hermano de Luis Caputo, quien fuera ministro de Finanzas del gabinete macrista.

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De acuerdo con el informe, Migueles disponía la compra de pasajes y estadías en diferentes partes del mundo donde supuestamente visitaba ferias frutícolas, pero en realidad aprovechaba para viajar con su mujer. En mayo de 2018, el matrimonio viajó junto a Caputo y su pareja a Barcelona, con todos los gastos pagos a cargo del organismo. Un detalle más: María Victoria Moring Guerrico, esposa de Caputo, es la cuñada de Torello. Después de todo, nada mejor que disfrutar las vacaciones en familia. ♣♣♣

#PA. DataClave.